Buenos Aires.

El fiscal de instrucción Martín Nikilson presentó este lunes una denuncia contra el presidente argentino Mauricio Macri y el alcalde de Lanús, Néstor Grindetti, por ocultar las empresas offshore cuando ambos eran funcionarios del gobierno porteño (2007-2015).

A su vez, la fiscal Estela Andrades solicitó que se unifique la denuncia del fiscal Nikilson con la causa que ya se tramita en el juzgado federal siete, encabezado por Sebastián Casanello, ante quien se presentaron otras denuncias por presunta omisión maliciosa de datos en las declaraciones juradas de Macri y Grindetti cuando el primero era intendente de la ciudad y el segundo su secretario de Hacienda.

Ante el juzgado de Casanello se presentó una primera denuncia y se agregó otra enviada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contra Grindetti.

Macri se encuentra en medio de una polémica desde que a principios de este mes salió a la luz una investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que reveló que unas 150 personalidades de 50 países, entre ellas el gobernante argentino, aparecen como titulares o vinculados con empresas o cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Macri, según la documentación, figura junto a su padre Franco Macri y su hermano Mariano como director de la empresa offshore Fleg Trading LTD, creada en Bahamas, supuestamente disuelta en 2009, pero se descubrió que estuvo activa y que Grandinetti está inscrito como titular de un poder del bufete Mossack Fonseca para operar Mercier International y otro para operar una cuenta en el banco suizo Clariden Leu Ag.

Ambos eran ya investigados por Casanello junto al fiscal federal Federico Delgado y por ello se le enviaron las nuevas actuaciones.

En este escenario complicado, el presidente Macri reconoció la mañana de este lunes que a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes (por la situación económica) pero estamos haciendo lo correcto y otros funcionario de su gobierno minimizaron el tema de los despidos y aseguraron que no existe emergencia laboral, en momentos en que las cinco centrales sindicales se preparan para una gran movilización el próximo día 29.

Los dirigentes sienten que las autoridades se burlan de lo que sucede con los miles de cesados que aumentan cada día, a lo que se añaden además miles de trabajadores suspendidos en sus tareas, especialmente metalúrgicos y de la construcción.

En vez de estar discutiendo una agenda de calidad de empleo, calidad educativa, competitividad en las Pymes o reinversión, estamos discutiendo de qué manera logramos frenar esta ola de despidos que se están dando no en un sector aislado, sino en distintos sectores de la economía, afirmó el ex candidato presidencial del Frente para la Victoria Daniel Scioli, en declaraciones a una radio local.

Scioli dijo que ha hablado con líderes de distintos ámbitos de la economía que advierten sobre una baja de la producción en sectores como calzado, metalmecánica, construcción, comercio y turismo, entre otros, y advirtió que se está entrando en un espiral de endeudamiento y desempleo alarmante.

En tanto, continúan las denuncias sobre el desmantelamiento del Estado que afecta a todas las áreas. En un artículo publicado en el Buenos Aires Herald se señala que si bien no se suspendieron los juicios por crímenes cometidos en la última dictadura militar (1976-1983), debido a los ajustes se produjo un achicamiento en las unidades encargadas de investigar.

Mercedes Soiza Reilly, la fiscal del juicio por la causa Escuela de Mecánica de la Armada, dijo que las políticas actuales amenazan la continuidad de los juicios e indicó: da la impresión de que el gobierno no está metido en la tarea. Hay alarma en todos los organismos de derechos humanos sobre esta grave situación.