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Figuran ex directivos de la Esma como Ricardo Miguel Cavallo, juzgado por represor

Marinos de la dictadura argentina, dueños de sociedades offshore activas

El centro clandestino de detención montó empresas para ocultar bienes robados a los desaparecidos

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Ricardo Miguel Cavallo, integrante del Grupo de Tareas de la Esma (centro clandestino de detención de la dictadura en Argentina), es dueño de una compañía offshore ubicada en Orlando, Florida. La imagen es del 29 de junio de 2003, cuando el represor fue extraditado de México a EspañaFoto Carlos Ramos Mamahua
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Manifestación frente a la Esma en la inauguración del Museo de la Memoria el 24 de marzo de 2004, en Buenos Aires. Varios represores argentinos han salido a la luz como dueños de empresas en paraísos fiscalesFoto Afp
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2016, p. 23

Buenos Aires.

Sociedades offshore en actividad están a nombre de integrantes de los grupos de tarea de la marina en la pasada dictadura en Argentina (1976-1983) que son juzgados aquí por crímenes de lesa humanidad, informó el periódico local Página 12 sobre Los papeles de Panamá y otros registros.

La periodista Alejandra Dandan, quien trabaja en el seguimiento de crímenes de la pasada dictadura y de decenas de juicios realizados en los últimos años en todo el país contra responsables y cómplices de esas acciones, señala que existen registros en Panamá, Miami y Sudáfrica a nombre de los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) Ricardo Miguel Cavallo (cuyo verdadero nombre es Miguel Ángel Cavallo), Jorge Rádice, su hermana Norma y otros.

Rádice era el contador de la Esma, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención, y en estos días se investiga el robo y la apropiación de bienes durante los secuestros de miles de desaparecidos en ese lugar.

Cavallo es conocido en México. En sociedad con Jorge Rádice –con quien integraba junto a otros el criminal Grupo de Tareas 33/2 (GT 33/2) de la Esma–, crearon varias empresas después de 1983, cuando terminó la dictadura.

Junto a su socio Rádice, el marino Cavallo fundó la empresa Talsud, con la cual ganó una licitación en México, nada menos que para el Registro Nacional de Vehículos (Renave). En 2000 Cavallo fue detenido en México en el contexto de un juicio iniciado en España por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra los criminales de la dictadura argentina. Cavallo finalmente fue extraditado a Argentina, donde fue condenado a cadena perpetua junto a sus compañeros del GT 33/2 por su responsabilidad en secuestros y desapariciones en la Esma. Este grupo se apropió de inmuebles, fábricas y tierras por valores millonarios, como se comprobó en varios casos.

El marino Cavallo figura en otras compañías offshore, como una registrada en la ciudad estadunidense de Orlando, Florida.

Según el sitio opencorporates.com, la compañía se llama Mari USA LLC y actualmente está activa, sostiene Dandan.

A nombre de Jorge E. Acosta, El Tigre Acosta, ex jefe máximo del GT de la Esma, condenado por crímenes de lesa humanidad y por el robo de niños nacidos en cautiverio, figuran ocho sociedades en distintos lugares de Estados Unidos: Florida, California, Michigan y Connecticut.

También figura el nombre de Jorge Ernesto Vildoza, hijo de Jorge Vildoza, segundo hombre del GT de la Esma, una sociedad de nombre Maitreya SA, con domicilio en República Dominicana y registrada el 30 de septiembre de 2010, dedicada al negocio de las máquinas tragamonedas de los casinos.

De acuerdo con la investigación de Página 12, Acosta y Rádice pasaron en distintas épocas por empresas como Seal Lock SA, Martiel SA y Talsud SA, conocidas en las investigaciones vinculadas a la trama del robo a los desaparecidos. Seal Look manejó nada menos que la entrega de registros de la ciudad de Buenos Aires. Esto indica el peligro en que transcurría la vida de miles y millones de ciudadanos, cuyos datos estaban en manos de semejantes criminales de lesa humanidad.

Vildoza creó compañías ligadas al mundo del juego cuyos bienes fueron congelados por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) cuando quedó probado que el flujo de dinero sostenía la condición de prófugos de él y de su esposa, Ana María Grimaldos, a quienes la justicia buscaba por la apropiación de Javier Penino Viñas.

En 1998 se conoció la identidad de Javier, hijo de los desaparecidos Hugo Penino y Cecilia Viñas. Pero en este caso Javier defiende a su apropiadora Grimaldos, detenida en la causa por robo de niños. Vildoza, el marino que lo secuestró, huyó primero a Asunción con el entonces niño apropiado y luego estuvo en Londres y Sudáfrica.

A principios de este mes fue divulgada una investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que reveló que unas 150 personalidades de 50 países, entre ellas el presidente de Argentina, Mauricio Macri, aparecen como titulares o vinculados con empresas o cuentas bancarias en paraísos fiscales, según un enorme caudal de documentos pertenecientes al despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, importante generador de sociedades offshore a escala mundial.

Ahora surgen estos datos por la aparición de Los papeles de Panamá, que además se completan con la apertura de otros registros y archivos que ayudarán también en la reconstrucción de las aberrantes historias del terrorismo de Estado y sus consecuencias.

En la Esma fue donde se fraguaron documentos como el de Cavallo y aún no se sabe bajo qué nombre estarán viviendo hoy varios de los prófugos de las dictaduras. No sólo de Argentina.

El Grupo de Tareas de la Esma “montó distintas empresas, entre ellas algunas inmobiliarias. Hubo casas y propiedades robadas a los desaparecidos que pasaron a nombre de Juan Ríos, alias de Rádice, y al de su hermana Norma Beatriz”, indicó Página 12.

El reportaje de Dandan hace referencia al trabajo realizado por la UIF en 2014 a cargo de Jorge Sbatella, quien logró probar que una serie de empresas radicadas en paraísos fiscales del exterior inyectan dinero a empresas argentinas vinculadas a los marinos: entre 2001 y 2013 fueron 20 millones de pesos. Esto hizo sospechar que podía ser lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos por lo cual Sbatella pidió información a organismos financieros.

Estos nuevos papeles vienen a complementar esa investigación: confirman lo que hasta ese momento era una hipótesis: que las sociedades existen, que hay más de las conocidas hasta ahora y que están constituidas por ellos mismos (los marinos), y añade: sin embargo, el nuevo contexto político generado por el gobierno de Mauricio Macri, con la desactivación de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF, amenaza con dar jaque mate a los avances que se habían logrado.