Ni justicia ni reparación del daño, pero tampoco la capacitación de funcionarios se han cumplido en el gobierno de Morelos. En septiembre de 2014 recibió del Ejecutivo federal un listado con esas y otras 13 acciones para cesar la violencia contra las mujeres. No las cumplió, así que en 2015 se decretó una alerta de violencia de género que trajo consigo otras recomendaciones que tampoco ha realizado; seguimos igual.

Hace más de tres años asesinaron a Ana Karen Huicochea Garduño, de 17 años de edad, y su madre, Ana Luisa Garduño Juárez, se siente como al principio, sin avances en el caso. El presunto asesino de la joven sigue prófugo y el fiscal de Feminicidios de Morelos, que le pidió dinero para investigar el caso, sigue en la función pública.

Sin progresos de las autoridades, Garduño Juárez comenzó a estudiar derecho. Como no tenemos preparación jurídica se burlan nosotros. Es muy triste, pero debemos tener esos conocimientos para defendernos.

El 12 de diciembre de 2012, relató, el ex novio de Ana Karen, Eduardo Villalobos, le disparó tres veces porque ella se negó a reanudar la relación. Estaba sola en casa, así que él pudo salir fácil, tomar un taxi y escapar. Sin embargo, la familia se enteró de que había regresado a Guadalajara, Jalisco, de donde es originario.

Sería una pena que el asesino estuviera libre y la muerte de una niña quedara impune, sólo porque la fiscalía no tiene recursos, le dijo Julio Ernesto Silvar García, ex fiscal de Feminicidios, así que le dio 7 mil pesos. Pero no hizo nada, tenía que pedir la colaboración de las autoridades de Guadalajara, pero lo hizo días después, cuando ya había huido.

Una de las medidas que ordenó la Secretaría de Gobernación al decretar la alerta de violencia de género fue sancionar a los servidores públicos que fueran omisos en sus obligaciones. Sin embargo, en noviembre del año pasado Silvar García fue premiado con la fiscalía regional metropolitana, reprochó Ana Luisa Garduño.

Si este caso no se ha ido a un archivo muerto es porque no lo he permitido, afirmó.

También, en noviembre de 2015 Javier Pérez Durón fue elegido por los diputados locales fiscal general de Morelos, en sustitución de Rodrigo Dorantes, quien renunció al cargo en agosto de ese año. Eso provocó que la carpeta de investigación estuviera parada hasta hace unas semanas.

La capacitación de funcionarios es otra de las acciones que menos se cumplen. En algún momento hicieron una pequeña depuración, pero volvieron a lo mismo, personal sin sensibilidad ni disposición, denunció.

Tampoco se ha hecho nada sobre la reparación del daño. Una de las formas de cumplir con ello es la atención sicológica, pero la fiscalía no la ofreció hasta siete meses después. No la aceptamos porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió a una sicóloga para que nos atendiera, explicó.

Otra es la compensación económica. Les dan 35 mil pesos. Es una burla, las integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos ganan 45 mil al mes. Independientemente de la cantidad, no la he aceptado porque a mí lo que me importa es que se haga justicia a Ana Karen, cuando capturen al asesino tomaré en cuenta lo demás.