El gobierno mexicano sólo ha respondido de manera parcial al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en torno a las cinco pronunciamientos que ha emitido en contra de México por las detenciones ilegales de defensores de derechos humanos.

La emisión de estos cinco pronunciamientos se dio entre agosto de 2014 y diciembre de 2015. Es la primera vez que este grupo de trabajo de la ONU emite tal número de resoluciones a un solo país en un lapso tan corto, de apenas poco más de un año.

Damián Gallardo Martínez, Pedro Canché Herrera, Librado Baños Rodríguez, Enrique Guerrero Aviña y Nestora Salgado García –todos en situaciones independientes y particulares–, señalan las respectivas resoluciones del grupo de trabajo, fueron detenidos arbitrariamente y encarcelados por delitos que no cometieron; algunos de ellos fueron obligados a firmar confesiones y sometidos a tortura y tratos crueles e inhumanos.

Además, se les fabricaron cargos y sufrieron agresiones de distintos agentes, dentro y fuera de las instalaciones penitenciarias en las que permanecieron o permanecen recluidos. En todos los casos se trata defensores de derechos humanos o periodistas, en su mayoría indígenas, cuya detención se da en represalia a su labor y como parte del patrón de criminalización de la protesta social en México.

Demandan respuestas

En conferencia de prensa, familiares de las víctimas, integradas ahora en un frente, junto sus respectivos comités y organizaciones que las asesoran, exigieron al gobierno mexicano la instalación de una mesa de trabajo donde participe la representación de Naciones Unidas, a fin de conocer la respuesta detallada de las autoridades mexicanas en cada uno de los cinco casos, y se cumplan de manera íntegra las resoluciones del grupo de trabajo, empezando por la liberación inmediata de quienes todavía están recluidos.

De las cinco opiniones emitidas por el grupo de trabajo, el Estado mexicano sólo ha dado cumplimiento parcial a dos, a través de la liberación de Nestora Salgado y Pedro Canché, sin que cese totalmente la persecución penal en contra de ellos. Ambos todavía tienen temor por su integridad y el riesgo de volver a prisión.

Yésica Sánchez Maya, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, calificó de preocupante que el Estado no haya respondido a las comunicaciones emitidas en el resto de las opiniones del grupo de trabajo dela ONU. El hecho, dijo, evidencia el desinterés de las autoridades mexicanas respecto de la adopción de medidas adecuadas para revertir la situación de peligro que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el país.

Por ello, añadió Sánchez Maya, resulta urgente el establecimiento de esta mesa de trabajo para conocer los mecanismos de implementación y cumplimiento del gobierno a estas cinco opiniones.

La primera respuesta debería ser la liberación, pero están también una serie de condiciones de atención médica, garantía de no repetición, asegurar la integridad física y la reparación integral del daño causado.