El Ministerio Público ejercitó acción penal contra tres integrantes de la Policía Federal (PF) –entre ellos una agente– y dos militares –un capitán y una integrante de la Policía Militar– por su responsabilidad en actos de tortura contra Elvira Santibáñez Margarito, detenida junto con dos hombres en posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y presunta integrante del cártel La familia michoacana.

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que el juzgado quinto de distrito en materia penal, con sede en Iguala, libró las cinco órdenes de aprehensión por el delito de tortura cometido en agravio de una mujer detenida en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, el 4 de febrero de 2015.

Elvira Santibáñez actualmente se encuentra presa en el Cefereso femenil de Nayarit. Los dos varones integrantes de la PF serán ingresados al Centro de Reinserción Social de Iguala. En cuanto a la agente federal, aún está pendiente de cumplimentarse el mandamiento judicial, pero será trasladada a Nayarit.

Respecto de la orden de captura contra los dos miembros del Ejército, ésta será ejecutada en reclusión, ya que actualmente se encuentran privados de su libertad en la prisión del Campo militar número uno.

Actos contrarios a la disciplina castrense

Sobre estos hechos, la PGR recibió el pasado 5 de enero de 2016 la vista de la averiguación previa que, por actos contrarios a la disciplina militar, inició la Procuraduría General de Justicia Militar. El 7 de enero de 2016, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, inició la averiguación previa para investigar los hechos que se observan en el video en el que una mujer es torturada por los militares y los policías federales.

Una vez desahogadas las diversas diligencias de ley, y habiendo acreditado los elementos del cuerpo del delito, descritos y previstos en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como en la ley federal en esa materia, el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en contra de cinco servidores públicos y consignó el expediente ante la autoridad jurisdiccional, quien obsequió las órdenes de aprehensión hoy cumplimentadas, indicó la procuraduría.