La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada ley Atenco, recientemente aprobada por el Congreso local del estado de México.

Luego de varias semanas de análisis, el organismo nacional determinó que dicha ley –que regula el uso de la fuerza pública y permite a los elementos de seguridad disolver manifestaciones o protestas consideradas como ilegales, utilizando incluso armas de fuego letales–, contiene algunas posibles inconstitucionalidades.

Al hacer el anuncio, la CNDH señaló que el uso de la fuerza, si bien sirve para garantizar la sana convivencia y respeto entre las personas, también debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos de todos.

La iniciativa de ley fue aprobada vertiginosamente el pasado 17 de marzo, y publicada en la Gaceta oficial de la entidad al día siguiente, para entrar el vigor 90 días después.

Sin embargo, legisladores locales de Morena, quienes votaron en contra, pero también otros que habían votado a favor de la ley, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

El gobernador Eruviel Ávila solicitó a la misma CNDH analizar el nuevo marco legal, aunque fue él quien la presentó al Congreso en diciembre de 2015.