Es urgente que el gobierno mexicano, y particularmente las autoridades militares, reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar en labores de seguridad pública, aseguró Amnistía Internacional.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional AI México (AI) estimó que las disculpas públicas del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por los actos de tortura que cometieron dos militares y tres agentes federales contra una mujer en el estado de Guerrero, son insuficientes, y pidió al gobierno mexicano que las fuerzas armadas no realicen más funciones de seguridad pública.

Consideró que estas disculpas tendrían que ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata del Estado mexicano por todas las violaciones graves a los derechos humanos por las que el personal militar tenga que responder.

Mientras tanto, una veintena de los principales centros y organizaciones de derechos humanos, así como diversos colectivos de la sociedad civil, rechazaron que los militares involucrados estén sujetos a un proceso penal ante un juez militar, y no ante uno civil, pues los actos de tortura, de acuerdo con la legislación nacional, deben ser competencia de la Procuraduría General de la República (PGR) y los involucrados deben ser procesados ante los jueces civiles.

Estos hechos, incluyendo la conducta pública de los mandos militares minimizando la gravedad de los hechos, explican la institucionalidad de la tortura en nuestro país y demuestran la necesidad de que el marco normativo sea modificado para que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, señalan las organizaciones no gubernamentales en un pronunciamiento.

Además, exigen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) que entre en contacto con la persona que aparece en el video siendo torturada, para verificar su situación legal y su afectación sicológica, ya que se encuentra recluida en el penal federal de Nayarit.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le exigen intervenir e integrar de oficio una queja por violaciones graves a los derechos humanos e investigar la cadena de mando, la conducta de las autoridades superiores que ordenaron estas conductas, y el alcance de la autoría intelectual de los hechos.

Entre las organizaciones firmantes están los centros de Derechos Humanos Tlachinollan, Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación para el Debido Proceso Legal; Fundar; Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y la Red TDT.