Río de Janeiro.

A las tres de la tarde de este lunes, con pompa y circunstancia el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien enfrenta cinco investigaciones y es reo en el Supremo Tribunal Federal, entregó a Renan Calheiros, presidente del Senado y del Congreso, que a su vez responde a ocho investigaciones, el acta de la sesión del domingo, en que 367 diputados autorizan que se abra un juicio político, a cargo de los senadores, para destituir a la presidenta Dilma Rousseff. A aquellas alturas, el vicepresidente Michel Temer seguía negociando intensamente la formación de su gobierno. Y el ex presidente Lula da Silva, junto a auxiliares directos de la presidenta, trataba de obtener senadores en número suficiente para impedir, en la cámara alta, el final-final del conturbado y malogrado segundo mandato de Dilma Rousseff.

Se repetirá el mismo ritual ocurrido en la Cámara de Diputados: se instala una comisión especial para examinar la decisión de los diputados. El resultado de la comisión será, entonces, llevado a votación en el pleno. Hoy por hoy existe una significativa mayoría inclinada a abrir un juicio que mantendría a Dilma Rousseff fuera de la presidencia hasta por 180 días, mientras el país sería gobernado por Michel Temer. Ese el plazo para el juicio final.

El primer día luego de la derrota de Dilma Rousseff –y también de Lula da Silva, quien no logró reunir apoyo suficiente para impedir el resultado abrumadoramente contrario a la presidenta– sirvió para animar a los victoriosos alrededor de Temer y asombrar a los que se oponían al golpe, que ahora sí pasa a la etapa decisiva.

Brasil asistió el domingo al lamentable desfile de los que integran su Cámara de Diputados. La inmensa mayoría de los que declararon voto a favor de la destitución de Rousseff lo hizo de manera extraña, en nombre de Dios, de la familia, de un sinfín de razones para justificar su posición. Poquísimos fueron los que argumentaron respecto de lo que efectivamente se discutía, si la presidenta cometió o no un crimen de responsabilidad que justificara su deposición.

Basta mencionar dos ejemplos para recordar el bajísimo nivel de los diputados que integran la cámara. Jair Bolsonaro, militar retirado, elogió en su voto a Carlos Brilhante Ustra, uno de los más notorios torturadores de la dictadura militar. En respuesta recibió en la cara un escupitajo disparado por Jean Willys, aguerrido diputado defensor de las minorías, a quien el militar había llamado maricón. Otro ejemplo: la diputada Raquel Muniz dijo que votaba a favor del impeachment en homenaje a su esposo, Ruy Muniz, alcalde de Montes Claros, provincia de Minas Gerais. Pues el homenajeado fue preso por la Policía Federal menos de 12 horas después, acusado de robo de dinero público.

La primera cuestión en disputa es, una vez más, el tiempo. Los que defienden la destitución presionan para que el calendario sea lo más apretado posible, de preferencia que la votación sea la semana que viene. Al gobierno le interesa más plazo para negociar, léase ofrecer ventajas y beneficios para conquistar votos favorables. Calheiros, viejo zorro de la política, reitera que cumplirá rigurosamente el reglamento, sin aceptar presiones de ningún tipo. Los que quieren defenestrar a Dilma prefieren el jueves 5 de mayo como fecha límite. Los que la apoyan, el miércoles 11.

Mientras, el país vive a la deriva sin saber cuál será el rumbo a ser tomado ni por quien. Dilma Rousseff sigue en la presidencia, mientras el vice arma un gobierno e insinúa cuáles serán las primeras medidas que adoptará tan pronto asuma el puesto. Ya se habla claramente de medidas duras, como la flexibilización de las leyes laborales, que en Brasil son de amplia protección al trabajador. Los reajustes del salario mínimo, bien como de pensiones y jubilaciones, están en el centro de los debates sobre la nueva política económica. La receta, de corte netamente neoliberal, avanzará sobre programas sociales que serán adecuados a la realidad, así como el tamaño del Estado, que será disminuido a niveles razonables.

Si asume el gobierno, y todo indica que lo hará, Michel Temer tendrá poco más de dos años para implementar esas medidas. Ya dijo que reservará unas ocho carteras ministeriales como cuota personal, o sea, supuestamente libre de negociaciones. También dijo que el actual número de ministerios y secretarías con rango ministerial (39) disminuirá a la mitad, poniendo freno así a las ansias de los aliados de ocasión.

De momento, son conjeturas que tienen por base exactamente lo que Temer asegura a sus interlocutores. Al PSDB, principal partido de oposición, derrotado cuatro veces consecutivas por el PT de Lula da Silva y Dilma Rousseff, se reservará parte sustancial del gobierno de Temer. Las fracciones internas del partido se enfrentan en la disputa por espacio, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2018.

La misma mirada puesta tienen el PT, los movimientos sociales, el electorado de izquierdas y, claro, Lula da Silva. La resistencia y la oposición a un gobierno de Temer es algo tan esperado como el sol de cada mañana.

La derrota del domingo no deberá desanimar a la militancia que sabe que Lula da Silva todavía mantiene potencial electoral para intentar volver a la presidencia.

En tanto, agencias de prensa reportaron que gobiernos de América Latina, entre ellos Cuba y Bolivia, expresaron su apoyo a la presidenta y calificaron la votación en la Cámara de Diputados de golpe de Estado.