Alegan en un amparo que las pruebas en su contra fueron obtenidas de modo ilegal
En un video se ve a dos militares y a una agente federal intentando asfixiar a Elvira Santibáñez
Lunes 18 de abril de 2016, p. 5
Los abogados de Elvira Santibáñez, quien aparece en un video difundido la semana pasada en el que se aprecia que dos militares y una agente de la Policía Federal (PF) la someten a actos de tortura, pidieron un amparo y solicitaron a un juzgado federal con sede en Nayarit que decrete la inmediata libertad de la mujer, ya que buena parte de las pruebas con las que fue acusada de pertenecer a la agrupación criminal La familia michoacana fueron obtenidas presuntamente de manera ilegal y bajo tormento físico, confirmaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).
Las fuentes consultadas por este diario precisaron que la mujer está protegida por los derechos humanos tutelados por el artículo 20 constitucional, entre ellos el de no ser acusada mediante pruebas ilícitamente obtenidas mediante vejaciones y tratos crueles.
Elvira Santibáñez es originaria de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, y tras ser detenida el 4 febrero de 2015 –e interrogada mediante actos de tortura– fue enviada a un penal federal ubicado en Tepic, Nayarit, donde enfrenta acusaciones por delincuencia organizada.
La mujer de 22 años fue detenida junto con dos hombres en el citado municipio por los integrantes de una base de operaciones mixtas que se integra por elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y autoridades de Guerrero.
El caso Abarca
No es la primera vez que un presunto delincuente solicita su libertad mediante la vía del amparo y adudiendo que las pruebas que lo incriminan fueron obtenidas por medios ilícitos, como haber sido torturado.
Desde el año pasado, José Luis Abarca (ex alcalde de Iguala vinculado al caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa) y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, pidieron ser liberados por supuestos tratos crueles en los interrogatorios.
En respuesta, el juez federal Raúl Valerio instruyó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a dos universidades públicas practicar el Protocolo de Estambul (Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes) al matrimonio para verificar si, como ellos afirman, fueron objeto de esas prácticas.
En los estudios sicológicos deberán participar peritos en materias de fotografía, medicina y sicología para aplicar el Protocolo de Estambul al ex presidente municipal y a su esposa.
Abarca se encuentra preso en el penal del Altiplano, mientras Pineda fue trasladada al de Nayarit. Ambos acumulan procesos por delincuencia organizada, homicidio, secuestro y lavado de dinero.
Entre diciembre de 2012 y febrero de 2016, de acuerdo con cifras emitidas por el Poder Judicial Federal a las que tuvo acceso este diario, 93 presuntos delicuentes han sido liberados al haber tramitado amparos en los que acreditaron que fueron sujetos a tortura y otros tratos crueles al momento de su detención.
