San Cristóbal de Las Casas, Chis.

La Procuraduría General de la República (PGR) trasladó la mañana de ayer a un penal de Nayarit a 18 maestros detenidos el viernes en Tuxtla Gutiérrez, informó Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, secretario general de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien aseguró que el gobierno federal los tiene de rehenes.

Pedro Gómez Bahamaca, integrante del comité ejecutivo seccional, dijo que la asamblea estatal efectuada en la tarde acordó por unanimidad convocar a todo el pueblo a una marcha para el viernes 22 de abril en la capital de la entidad. Ante el nuevo escenario, el magisterio valorará si adelanta el paro nacional de labores programado para el 15 de mayo.

Mendoza detalló en entrevista que de los 22 arrestados, 18 profesores –acusados de ataques a las vías de comunicación y daños, entre otros delitos– fueron trasladados en avión a Nayarit, mientras los otros cuatro que no tienen que ver con el magisterio permanecían en la capital.

Los detenidos son: Robinson Jiménez Pérez, Sandra Roblero Escobar, Vianey del Carmen Aguilar Pérez, Carlos Alberto Teco Ovando, Sarai Jiménez Flores, Marlene Pérez Muñoz, Ervin Cigarroa Ruiz, Rafael Martínez, Érika Moreno Reyes, María Cristina Hernández Consospó, Benjamín del Carmen León Ramos, Fausto Faustino Domínguez González, José Luis Pérez Morales, Estela Martínez Santiago, Pedro Camacho Ocaña, Rodrigo de Jesús Alegría Vázquez, María Isabel Bedrán Penagos y Yuri del Carmen Pérez.

Otro maestro que fue arrestado en San Cristóbal de Las Casas, agregó, presuntamente continúa en Tuxtla Gutiérrez, ya que sus familiares fueron notificados de que podrían visitarlo, aunque no existe certeza de que no se lo hayan llevado.

Mendoza opinó que ese traslado a Nayarit significa una franca provocación del Estado en contra de los trabajadores de la educación; es la aplicación del terrorismo de Estado en contra del magisterio, una represión inaudita por la lucha de sus demandas. El gobierno federal quiere tener más rehenes para tratar de socavar y quebrar la lucha de los trabajadores en contra de la mal llamada reforma educativa, de la defensa de la educación pública, de la libertad de presos políticos y por la reinstalación de más de 5 mil compañeros cesados en el país.

Manifestó que la dirigencia de la sección 7 está exigiendo desde el viernes que se abra una mesa de diálogo para liberar a los detenidos, pero nadie contesta, hay cerrazón total del gobierno, parece que quieren seguir con más detenciones.

Mendoza señaló que la dirigencia magisterial ha recibido información de que a partir de ayer fueron giradas alrededor de 300 órdenes de aprehensión en contra de maestros, adicionales a las más de 30 libradas en meses y años anteriores en contra de dirigentes, pero vamos a corroborar para no caer en confusiones ni en el juego del Estado de atemorizarnos, pues hoy más que nunca necesitamos de la unidad, organización y fortaleza del movimiento. De todos modos, aunque nos detengan a los dirigentes no se acaba el movimiento porque ya hay remplazos para continuar la lucha.

Denunció que más de mil policías federales se colocaron en los alrededores del edificio de la sección 7, ubicado en el poniente de la capital del estado, presuntamente para tratar de detener a más docentes, por lo que la asamblea estatal programada para las 10 de la mañana se retrasó varias horas.

Expresó que esta presencia policiaca implica una violación total a los derechos humanos y a la Constitución, porque no nos permiten reunirnos para discutir cómo lograr la liberación de nuestros compañeros. Es una política con rasgos claros de fascismo en el estado.