Los archivos militares históricos deben ser trasladados al Archivo General de la Nación (AGN), a fin de que estén al alcance de la sociedad mexicana, recomienda el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en un escrito remitido al Senado, en el que resalta que se debe garantizar el acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos que se encuentren en acervos e instalaciones castrenses.

Los expertos advierten la necesidad de que se ponga en marcha un programa de reparaciones administrativas para las víctimas de desaparición forzada del periodo conocido como la guerra sucia .

El Estado debe hacer esfuerzos por saldar esta deuda histórica con medidas que incluyan también la satisfacción del derecho a la verdad para los familiares y víctimas de desaparición forzada en México durante los años 60 y 70 del siglo pasado.

En el escrito, que hicieron llegar a los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, de Gobernación y de Justicia, Angélica de la Peña, Cristina Díaz y Fernando Yunes, recomiendan que la Ley de Desaparición Forzada incluya un capítulo específico sobre el derecho a la verdad y el acceso a la información de las víctimas, tanto las recientes como las que sufrieron ese delito en décadas pasadas.

“Se deben promover proyectos de memoria histórica con la participación de los familiares de desaparición forzada durante la guerra sucia”, insisten.

Resaltan que el derecho a la verdad se dará al permitir acceso a la información necesaria y el conocimiento de la situación judicial y la evolución del caso.

Los expertos de la CIDH resaltan que se requiere preservar y facilitar el acceso a los archivos estatales, además de abrirlos a fin de que quienes investigan casos de desaparición forzada puedan llevar a cabo inspecciones directas, inventarios y realizar rastreos en instalaciones oficiales.

Proponen incluso que la Ley de Desaparición Forzada contemple allanamientos de lugares en los que se encuentre la información, realizar audiencias e interrogatorios a quienes pueden saber donde se encuentra algún desaparecido o puedan reconstruir lo sucedido.

Con el propósito de satisfacer el derecho a la verdad y la información, los archivos históricos militares deben ser abiertos a la sociedad mexicana, por tal razón, deben ser trasladados al Archivo General de la Nación.

Los integrantes del GIEI recomiendan a los senadores que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas –incluido en el proyecto de dictamen que está a discusión– se incorporen a los desaparecidos de la guerra sucia, como son las víctimas identificadas en la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las averiguaciones previas de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que se integraron a la Coordinación General de Investigaciones de la PGR y las víctimas identificadas por la Comisión de la Verdad de Guerrero.