El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtió que hay un alto riesgo de que no se llegue a la verdad en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cesará sus funciones porque no hay condiciones en México para continuar.

Estamos cada vez más lejos de la justicia hacia las víctimas y en una lucha sorda donde es obvio que quienes van a ganar serán los verdugos, y a quienes se busca derrotar y silenciar es a los familiares de los afectados, señaló el director del centro, Abel Barrera.

En entrevista telefónica, sostuvo que el fin del mandato del GIEI generará un vacío, porque nada garantiza que las autoridades federales asuman con todo el rigor que se requiere los compromisos que puedan retomar de las recomendaciones del grupo.

Ahora dicen que van a atenderlas, pero es un discurso hueco; sabemos que no lo han hecho, como tampoco las de diferentes mecanismos de derechos humanos internacionales. No sólo no las atienden, sino que descalifican, desaprueban, indicó.

Barrera subrayó que hay una mayor cerrazón de las autoridades al clamor de las víctimas. Este es el momento crítico, dramático, que nos está marcando como país.

Afirmó que México sigue siendo candil de la calle y oscuridad de su casa, y eso es grave porque esa oscuridad se traduce en desatención, mayor sufrimiento para las víctimas, una mayor polarización social, y obviamente un déficit de justicia muy grande.

Asimismo, falta respuesta a los temas sentidos de la sociedad; sin embargo, hay un cierre de filas en favor de los grupos de poder, pero sobre todo de quienes violentan los derechos humanos y que no son llamados a cuentas, como es el Ejército.

El director de Tlachinollan consideró que el riesgo de no llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa “puede costar muy caro en un país donde de por sí hay miles de ejecutados, de asesinados, de desaparecidos y de gente que se siente indefensa, inerme.

De nada sirve tanto discurso, tantas giras, tantas firmas y convenios si a final de cuentas el mexicano no se siente representado ni protegido, mucho menos escuchado por las autoridades en este clamor de que haya verdad y justicia.

Abel Barrera también cuestionó que el gobierno mexicano maltrata y golpea a los organismos internacionales.

Interponer una denuncia o aceptarla en contra del secretario ejecutivo de la CIDH (Emilio Álvarez Icaza) y emprender campañas de desprestigio al trabajo de defensores, no es otra cosa que el manejo perverso de este régimen que busca lavarse las manos, tirar la piedra a otro lado y seguir obstaculizando para que se investigue y se llegue al fondo del caso, señaló.

Por otra parte, en Acapulco, Guerrero, el abogado José Luis González Meza, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos General Lázaro Cárdenas del Río, dijo que el GIEI debe permanecer en el país y continuar en la investigación para saber qué ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014

González Meza afirmó que la investigación realizada por el Estado mexicano es una farsa, un castillo de naipes que en cualquier momento se va a caer.

(Con información de Héctor Briseño, corresponsal)