Los poderes de la Unión y la sociedad deben garantizar el derecho a la libertad religiosa, y si bien ese punto está consagrado en las leyes, existen desafíos que impiden que esa norma sea una realidad social plena, advirtió Luis Gilberto Gallego Cortéz, presidente de la agrupación civil Conciencia Nacional, que aglutina a diversos grupos de ese ámbito en el país.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, indicó que se debe abrir el debate público respecto a la reglamentación del artículo 24 de la Constitución, referente a la celebración de actos de culto público fuera de recintos religiosos, un pendiente que se tiene desde la reforma de 2013.

Estamos frente a una situación que la ley debe regular, y existe un vacío legal que tendrá que ser llenado de la forma como más convenga, comentó.

En el primer Encuentro de legisladores y consejos interreligiosos de México, realizado en la Cámara de Diputados y cuyo propósito fue incentivar el diálogo entre iglesias y sectores de la sociedad para promover la libertad de creencia, de religión y de culto, Gallego Cortéz señaló que un Estado laico es un Estado de libertades.

Resaltó que México se encuentra entre los países con un marco jurídico amplio en materia de libertad religiosa. Sin embargo, agregó, aún existen desafíos culturales e institucionales en la materia, lo cual provoca que no haya un ejercicio absoluto de ese postulado constitucional.

Recordó que incluso el propio Estado ha expresado algunas reservas respecto al acatamiento de tratados internacionales que tocan aspectos del derecho a la libertad religiosa.

Ante legisladores y representantes de unas 200 asociaciones religiosas con registro, entre ellas católica, judía, metodista, mormona, bautista, presbiteriana, budista e islámica, alertó sobre algunas expresiones tanto de organizaciones como de autoridades de diversos niveles de gobierno que trastocan el ejercicio pleno del derecho a la libertad de creencia.