Los comités de cuenca del río Sonora pidieron a una corte de Estados Unidos apoyo para obtener información que les permita fortalecer en México las acciones legales contra el derrame de residuos peligrosos ocurrido en los afluentes Bacánuchi y Sonora en agosto de 2014.

De acuerdo con la Ley de Asistencia Legal a una Corte en el Extranjero, 28 USC 1782, tribunales federales estadunidenses tienen facultades para recabar documentos y testimonios en ayuda durante procesos judiciales en el exterior.

Los comités recurrieron a esa vía debido a que la empresa matriz de la mina Buenavista del Cobre es la estadunidense Southern Copper Corporation, la cual cotiza en la bolsa de Estados Unidos y es propietaria de varias subsidiarias mineras del conglomerado multinacional Grupo México.

Los comités de cuenca, apoyados por las organizaciones Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), el despacho jurídico de Lynn Coyle PLLC y la organización estadunidense Earth Rights International, decidieron echar mano de ese recurso.

El director ejecutivo de Poder, Benjamin Cokelet, explicó que el apoyo que dan a los comités incluye representar legalmente a los afectados en México y Estados Unidos, por lo que confió en que el tribunal estadunidense accederá a otorgar la ayuda en este caso, lo cual sentaría un gran precedente en la lucha por remediar el peor derrame minero en la historia de México.

La organización consideró que la empresa matriz, Southern Copper, debe tener información relacionada con las operaciones y prácticas ambientales de Buenavista del Cobre, incluida la información sobre el derrame tóxico.

La información que Southern Copper puede proporcionar demostraría lo que causó el desastre, lo que hicieron o dejaron de hacer los responsables, y si sabían que sus acciones u omisiones podrían causar esos daños, indicó.

Señaló que entre las causas del derrame destacan la falta de una válvula de seguridad para prevenir la fuga, trabajar sin estanques de desbordamiento ni geomembranas impermeables, y no tener permisos ambientales. Todas se pueden atribuir a la falta de cumplimiento de las normas ambientales por Buenavista del Cobre.

Recordó que desde 2014 los afectados han presentado acciones legales en México para intentar que la minera y el gobierno mexicano limpien la zona y reparen las afectaciones a las comunidades. Alrededor de 40 millones de litros de lixiviados tóxicos y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre se derramaron en los ríos y unas 25 mil personas se vieron afectadas.