El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a privilegiar la aplicación de la ley por encima del uso de la fuerza.

Con la fuerza del derecho, y no con el derecho de la fuerza, sigamos cerrando el paso a la impunidad y consolidando un país de leyes, dijo ante directores, académicos y rectores de universidades.

La Secretaría de Gobernación presentó ayer un programa de fortalecimiento docente que tiene por finalidad que en las instituciones de educación superior se aplique una metodología precisa para la formación de profesionales en el nuevo sistema de justicia penal.

En colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) se adecuaron los planes y programas de estudio para ofrecer a los estudiantes herramientas respecto del nuevo sistema. La meta es llegar a mil 700 universidades.

El mandato constitucional para la aplicación del nuevo sistema penal vence en 67 días (el 18 de junio) y todas las entidades deberán tener al menos la base para operar, por ejemplo, litigios orales y mecanismos alternos de solución de controversias.

Osorio Chong dijo que esta actualización significa un paso histórico en el fortalecimiento de las instituciones y el estado de derecho, y para responder mejor a los desafíos actuales.

Este compromiso de Estado, agregó, va más allá de banderas, agendas y órdenes de gobierno; participan autoridades, jueces, magistrados, defensores, ministerios públicos y la comunidad académica. Ahí radica el éxito del nuevo modelo, con los docentes que forman a los profesionales del derecho.

Agregó que se requieren programas y materiales adecuados, así como profesores actualizados que expongan con claridad lo relativo a los juicios orales y el debido proceso.

Tenemos que hacer que estas escuelas acrediten tener suficiencia en los conocimientos y en la impartición de los mismos a las nuevas generaciones.

Con el nuevo sistema penal, manifestó, la duración de los procesos pasa de 185 a 30 días, con los mecanismos alternativos de solución de controversias, mientras que los costos también se reducen de 15 mil a mil 500 pesos. Son sólo dos ejemplos, pero dan muestras de cómo el nuevo sistema se traduce ya en una justicia más accesible, eficaz y oportuna, señaló.

El gobierno de la República, dijo, trabaja con la convicción de que la justicia es más que un concepto jurídico; representa un instrumento que se construye día con día en todos los ámbitos sociales.

María de los Ángeles Fromow, titular de la secretaría técnica para la implementación del nuevo de sistema de justicia, indicó que hay compromiso de los rectores para que todas las universidades tengan programas actualizados y docentes certificados, así como elementos teóricos y prácticos para la capacitación de estudiantes y profesionales en la materia.

El rector de la Universidad de Guadalajara, Tonathiu Bravo, subrayó que el acuerdo firmado fortalecerá la función de los docentes en derecho, mediante planes y programas de estudio actualizados, así como el perfil de los alumnos de acuerdo con el nuevo marco legal.

Durante la firma del memorando de entendimiento para la formación y capacitación de profesionistas en el sistema de justicia penal participaron funcionarios federales; los rectores de las universidades de Guadalajara, Ciudad Juárez, Estado de México, Nuevo León y Yucatán, así como los directores de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.