En el inicio del dictamen de la legislación anticorrupción en el Senado, y en presencia de las organizaciones que impulsan la llamada ley 3 de 3, PRI y PVEM advirtieron que no la aprobarán en sus términos, ya que tiene visos de inconstitucionalidad al violar garantías individuales.

El presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, advirtió que quienes impulsan esa ley están pidiendo a los senadores que violen la Constitución, al proponer que se establezca la intervención de llamadas telefónicas para perseguir a funcionarios corruptos e incluso el allanamiento de domicilios.

Sostuvo que los más de 600 mil ciudadanos que firman la iniciativa de ley 3 de 3, ‘‘encabezados por ustedes, quieren que se viole la Carta Magna’’.

El senador Escudero, del Partido Verde, leyó el artículo 54 de la iniciativa: ‘‘Ahí mismo, la autoridad encargada de la investigación podrá usar medios de grabación o medios ocultos para documentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que suceden los hechos en materia de discusión; para la intervención de comunicaciones privadas se requiere autorización del tribunal de justicia administrativa que resulte competente’’.

Resaltó que ello se contrapone con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, en el cual se establece que por ningún motivo se podría dar esta intervención telefónica sin autorización judicial. Además, agregó, la Carta Magna precisa que nunca podrá darse el espionaje de las comunicaciones en las materias electoral, fiscal y administrativa.

El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) José Roldán Xopa respondió que debe modificarse la Constitución, ya que sólo a través de intervención de las llamadas telefónicas es posible detectar las redes de corrupción.

A su vez, el senador del PRI Raúl Cervantes, experto en derecho constitucional, recordó que la reforma a la Carta Magna en materia de combate a la corrupción mantuvo intocadas las garantías individuales.

Reconoció que el asunto de la corrupción es de redes y planteó perfeccionar la vía penal, no la administrativa, para crear el marco jurídico adecuado.

Igualmente, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el también priísta Enrique Burgos, opinó que no se trata de descalificar la iniciativa 3 de 3, pero ‘‘si no se ciñe a la Constitución habría un problema de inconstitucionalidad’’.

Por su parte, el perredista Armando Ríos Piter se inconformó con el señalamiento de Escudero sobre que más de 600 mil ciudadanos firmantes de la iniciativa tratan de ‘‘engañar’’ a los senadores. Escudero retiró esa frase, pero mantuvo las críticas al contenido de la ley, impulsada por organizaciones de transparencia.

Finalmente, Alejandro Encinas (PRD) consideró que ‘‘permitir a una autoridad administrativa hacer la intervención telefónica e incluso el allanamiento de un domicilio implica el establecimiento de disposiciones que coartan los derechos y las libertades establecidas’’.