on la consolidación del proyecto neoliberal, el poder de los secretarios de Hacienda se ha incrementado sustancialmente. Pero ¿qué poder tienen los otros secretarios de Estado? Esta pregunta viene al caso con el cambio en la dirección de la Secretaría de Salud federal (Ssa) con el nombramiento de José Narro Robles como titular de la dependencia en sustitución de Mercedes Juan López. Es así, porque durante su trayectoria el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido crítico a los planteamientos de Funsalud, que había conservado la hegemonía ideológica en el sector salud durante tres décadas. De la respuesta a esta pregunta depende entonces si debemos esperar un viraje en la política de salud.
Después del regreso del PRI al gobierno Narro no ha opinado abiertamente sobre la política de salud, pero anteriormente presentó una posición disidente frente a la política social y de salud. Su posicionamiento coincidía con la idea general del grupo multidisciplinario del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM de que el Estado debería de desempeñar un papel central en la garantía de los derechos sociales y humanos de los ciudadanos como un camino diferente de desarrollo nacional. Contenía una crítica explícita de la política social del Estado neoliberal en boga y promovía algo semejante a un Estado social o de bienestar social.
En particular, Narro apuntó en varios artículos y actos académicos que el Seguro Popular (SP) no es el camino para lograr la universalidad y equidad en el acceso a los servicios requeridos de salud en México. Cabe señalar, sin embargo, que su visión tiene variaciones. Por ejemplo, en el texto con Cordera y Lomelí hay una crítica contundente de los servicios privados, mientras este tema está ausente en el texto que publicó con sus colaboradores en la rectoría.
La propuesta de Narro era una reforma profunda de la seguridad social pública para retomar sus principios fundantes de universalidad, integralidad, solidaridad y redistribución, a los cuales añadió participación personal y portabilidad. Dentro de ella, y sobre los mismos principios, propuso una reforma en salud. En resumen, esta reforma significaría unificar el sistema público para crear un Servicio Nacional de Salud, como el inglés, que luego renombra el Sistema Universal de Salud.
Este sistema debería garantizar la universalidad de la atención a la salud en todas sus etapas, ser operativamente descentralizado, articular la totalidad de los programas existentes, considerar la importancia para la salud de los programas sociales y de salubridad y poner en manos de los usuarios la evaluación de los servicios. Propone explícitamente la integración del SP al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que sería el eje del nuevo sistema, así como la integración y operación coordinada de los diversos programas públicos gratuitos o con financiamiento público, estatales y federales. No establece cuáles serían los servicios ofrecidos o si habría paquetes explícitos de servicios como en el SP. Para financiar el sistema planteó la necesidad de una reforma fiscal que generalice el IVA a entre 12 y 15 por ciento, que reduzca el ISR y transfiera un subsidio a la población con menores ingresos al tiempo que se instaure un ISR progresivo de acuerdo con el nivel del ingreso. Se reconoce en esta propuesta una fuerte influencia del planteamiento de Santiago Levy, ex director del IMSS, vicepresidente del BID y asesor informal de Enrique Peña en la campaña.
Narro no ha presentado hasta ahora un nuevo plan de trabajo para la Ssa y no se ha deslindado de los planteamientos de Mercedes Juan, aunque los cambios en su gabinete confirman el distanciamiento con Funsalud. Pareciera desprenderse de sus planteamientos anteriores que su proyecto de política de salud tendría una orientación distinta. Se erigen varios obstáculos para que lo pudiera realizar. Por un lado, el proyecto de Peña no contempla apartarse del proyecto neoliberal en lo social y, por el otro, la propuesta fiscal de Narro no tiene cabida en el proyecto peñista. Así, no es probable que veamos una modificación sustancial de la política de salud: seguirá con intercambio de servicios entre las instituciones más que con la portabilidad del seguro; con una universalidad incompleta de aseguramiento y un acceso inequitativo a los servicios, y, lo que es peor, un creciente mercado en salud parcialmente financiado con recursos públicos. Y con los recortes a los programas prioritarios de salud en 2017, el panorama es todavía peor.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
