México debe terminar con la desaparición forzada y la tortura, ‘‘inaceptables violaciones a los derechos humanos’’, y por eso el gobierno federal impulsa la aprobación de leyes contra tales prácticas, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario había escuchado momentos antes el segundo informe de labores del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. En el documento, el ombudsman abordó el estado actual del respeto a las garantías individuales prevaleciente en el país, con énfasis en los problemas de violencia, inseguridad y carencias.

Ese informe –indicó el mandatario federal– señala ‘‘con claridad los grandes desafíos que, hay que reconocerlo, aún enfrentamos como nación’’. Es más que las cifras, añadió, pues detrás de éstas ‘‘hay casos de negligencia o abuso, acciones violatorias de derechos humanos que deben ser atendidas de forma efectiva pero, sobre todo, que deben ser prevenidas en el futuro’’.

De inicio, el presidente Peña resaltó la contribución de la CNDH a la dignidad, la libertad, la igualdad y la justicia; un organismo con características de fortaleza, independencia y confiabilidad. Dispone –dijo– de las facultades y capacidades necesarias para una efectiva protección de los derechos humanos en todo el país. Los mexicanos, aseguró, se sienten orgullosos de contar con un ombudsman fuerte, independiente y eficaz, porque ello ‘‘empodera a la sociedad y fortalece a todo México’’.

Reiteró entonces el absoluto respeto del gobierno federal a la tarea de la Comisión Nacional, la aceptación de todas sus recomendaciones y el trabajo para darles ‘‘efectivo cumplimiento’’, y el compromiso de su administración para hacer los cambios legales a la Constitución y, sobre todo, de orden cultural ‘‘en favor de los derechos inherentes al ser humano’’.

El presidente Peña Nieto mencionó seis avances logrados a partir de considerar el respeto a las garantías individuales como una política de Estado: ampliación del reconocimiento constitucional a derechos fundamentales, como el de recibir una educación de calidad o el acceso a las tecnologías de la información; consolidación de una política de seguridad con mejores estándares en materia de protección a las garantías ciudadanas.

Para ilustrar esto último, resaltó la disminución en las recomendaciones a las fuerzas y autoridades federales de seguridad, de 31 en 2012, a ocho el año pasado. Ahí mismo, sin embargo, el presidente Peña Nieto admitió (que falta) camino por recorrer para lograr la ‘‘absoluta observancia’’ del respeto a los derechos humanos por parte de las instancias públicas de seguridad.

Mencionó más adelante la incorporación del enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas; el fortalecimiento de las capacidades para salvaguardar derechos y apoyar a los grupos vulnerables; el avance en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, y el impulso a nuevas leyes para combatir ‘‘con mayor eficacia’’ la desaparición forzada y la tortura.

Estas prácticas, insistió el titular del Ejecutivo federal, son inaceptables porque atentan contra la dignidad humana y agravian a la sociedad entera.

Convocados a esta ceremonia fueron, además de secretarios del gabinete federal, legisladores, integrantes de organismos civiles y estatales de protección a derechos humanos, así como de organismos internacionales y diplomáticos.

En la causa de los derechos humanos se debe trabajar todos los días. El gobierno de la República y la sociedad deben hacerlo de forma conjunta para lograr un cambio cultural generalizado ‘‘en favor de la no discriminación, la inclusión, la legalidad, la tolerancia y el respeto’’, indicó finalmente el jefe del Ejecutivo.