La verdad del caso Iguala es una. No puede construirse o negociarse y debe ser la ciencia la que guíe la investigación en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Llegar al fondo en lo ocurrido a los 43 normalistas –añadió el ombudsman– debe ‘‘necesariamente’’, y como en todos los casos, desprenderse de las pruebas y elementos de convicción que obren en los expedientes, valorados y articulados en su conjunto, ‘‘y no de la apreciación aislada de los mismos’’.

Iguala sigue siendo un ‘‘expediente abierto’’, dijo ayer González Pérez ante el presidente Enrique Peña Nieto y todos los responsables del gobierno federal vinculados de alguna forma con lo sucedido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Guerrero. Y reiteró: ‘‘El país y los mexicanos no podemos permitir la impunidad’’.

El ombudsman presentó ayer en Los Pinos su segundo informe anual. Ahí, recalcó que las indagatorias sobre el paradero de los normalistas deben sustentarse con pruebas científicas, respetar los compromisos adquiridos con instancias internacionales y atender las observaciones presentadas por la CNDH en julio del año pasado.

Sus señalamientos se dan cinco días después del informe sobre el tercer peritaje en el basurero de Cocula, realizado por expertos aprobados y presentado por la Procuraduría General de la República (PGR), ante lo cual el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció ‘‘incumplimiento’’ de los términos firmados por el gobierno federal para difundir los resultados de ese trabajo.

Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón; el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, y la propia procuradora Arely Gómez, entre otros integrantes del gabinete federal, escucharon decir al presidente de la CNDH: ‘‘La sociedad cada vez espera menos y desconfía más de las instituciones’’.

Esto se ve agrandado, añadió, por un entorno donde la pobreza y los niveles de desigualdad imperantes, así como los problemas de violencia, inseguridad y carencias, son realidades que transgreden toda lógica de un Estado democrático y social de derecho.

Criticó entonces la aplicación de soluciones al margen de la ley, como la que llevó al Estado a renunciar, ‘‘en el terreno de los hechos’’, a su función básica de brindar seguridad a la población y delegó esa tarea a grupos civiles armados para reducir la criminalidad y la violencia. ‘‘Michoacán ha sido una desafortunada prueba de ello’’, denunció.

Los hechos ocurridos en Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala y Apatzingán –recalcó– han puesto a prueba a las instituciones del Estado mexicano, incluida la CNDH. Todos evidenciaron carencias y falta de respuesta de autoridades de los tres órdenes de gobierno, desde hace muchos años, a distintos problemas sociales, así como la debilidad del estado de derecho en varias regiones del país.

El ombudsman reclamó que todos esos casos se traten de manera imparcial, puntual, integral y sustentada en elementos objetivos y científicos; con investigaciones claras y creíbles para no dar cabida a la especulación y a cuestionamientos infundados.

Afirmó que ante la actual condición de los derechos fundamentales en México, sólo quedan dos caminos: la resignación o la transformación, pero dijo que tolerar violaciones a derechos humanos es traicionar el futuro.

Informó que en 2015 se registraron 327 expedientes en los que se reportó la desaparición de 453 personas, pero sólo en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitar una presunta desaparición forzada. Guerrero, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz registraron la mayoría de los casos.

Dijo que no hay niveles ni cifras aceptables de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o ataques a periodistas y defensores civiles, pues un solo caso es demasiado.

Para cerrar, lamentó los hechos recientes de Tierra Blanca y de Papantla, Veracruz, porque ‘‘parecieran reiterarnos que seguimos sin aprender, valorar y dar sentido a las múltiples lecciones que nos han dado el dolor y el sufrimiento de las víctimas de nuestro país’’.

La verdadera vigencia de los derechos humanos demanda emprender con toda urgencia y responsabilidad el abatimiento de la corrupción, problema que tiene mucho que ver con la impunidad lacerante que ha debilitado los cimientos de nuestro estado de derecho, puntualizó además.

El ombudsman advirtió ante el presidente Peña Nieto que son muchas las asignaturas pendientes, las demandas no atendidas y las expectativas sociales no resueltas, las cuales parten de aspectos esenciales en un entorno democrático, como serían la observancia y aplicación de la ley o el abatimiento de la impunidad y de la corrupción. Son tareas todavía pendientes, dijo.