Caracas.

El Tribunal Supremo de Venezuela declaró nula una reforma de la ley que rige el banco central, al considerar que los cambios que aprobó el Parlamento unicamaral, de mayoría opositora, a principios de marzo, son inconstitucionales, con lo que devolvió las facultades decisorias al Ejecutivo sobre el ente emisor.

En una de sus primeras medidas, la bancada de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) revirtió los cambios legales que el presidente Nicolás Maduro introdujo en la norma mediante un decreto promulgado poco después de que su Partido Socialista Unido (PSUV) perdió las elecciones parlamentarias de diciembre.

Con la reforma presidencial, la Asamblea Nacional perdió poder para influir en el nombramiento del presidente y los directores del banco central. El Ejecutivo también se reservó la posibilidad de mantener en secreto estadísticas oficiales.

El Tribunal Supremo de Justicia argumentó en su fallo, difundido la noche del jueves, que la Asamblea actuó con desviación de poder, al considerar que la finalidad de la reforma es asegurar el control del banco central de Venezuela por el grupo parlamentario opositor de la Asamblea Nacional, por encima del resto de los poderes públicos.

Explicó que los directivos actuales y el presidente del ente emisor se mantendrán en pleno ejercicio de sus cargos hasta que sean sustituidos o designados nuevamente por el presidente.

El presidente de la asamblea, el opositor Henry Ramos, criticó el fallo del máximo tribunal y opinó que al anularse la reforma habrá más inflación y desabasto en Venezuela, afectada por recesión y escasez.

Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro dijo que quiere escuchar la opinión de los venezolanos antes de pronunciarse oficialmente en torno al proyecto de ley de amnistía y reconciliación que aprobó el Parlamento.

Maduro ha dicho que no está dispuesto a promulgar ninguna ley de amnistía, pero la mayoría opositora sostiene que cuenta con el respaldo legal para llevarla adelante sin el apoyo del mandatario.

Tengo una opinión muy firme, pero quiero escuchar la de la nación, la del pueblo sobre esta ley criminal, expuso el presidente a sus seguidores, a quienes pidió divulgar este fin de semana el contenido de la ley a través de todos los espacios posibles, incluidas las comunidades donde sus adversarios son mayoría.

El Congreso aprobó el martes pasado el proyecto de ley, el cual contempla una amnistía para los llamados presos y perseguidos políticos de los últimos 17 años.

Maduro se solidarizó ayer con la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, quien denunció este viernes un atentado en su contra en el municipio Quibdó, departamento de Chocó. El gobierno colombiano la desmintió, y afirmó que todo fue una confusión.