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Detienen a dos ex funcionarios del PT por el caso de corrupción en la estatal Petrobras

La democracia en Brasil está amenazada, advierte Rousseff

También un empresario y un periodista fueron aprehendidos por la policía federal

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Militantes del Partido de los Trabajadores realizaron el jueves pasado una marcha en apoyo de la mandataria, Dilma Rousseff, y el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva en Río de JaneiroFoto Afp
 
Periódico La Jornada
Sábado 2 de abril de 2016, p. 17

Sao Paulo.

La policía federal de Brasil detuvo ayer al ex secretario general del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), Silvio Pereira, mientras el ex tesorero de esa formación política, Delubio Soares, fue llevado por la fuerza para ser interrogado sobre la presunta implicación de ambos en un préstamo bancario fraudulento, en una nueva etapa de la investigación sobre corrupción en la estatal Petrobras.

Otras 10 personas fueron objeto del operativo, que se realizó en varias ciudades del estado de Sao Paulo, entre ellos el empresario Ronan María Pinto, ex accionista del Diario do Grande ABC, quien también fue arrestado, mientras el periodista Breno Altman, director de la publicación digital Opera Mundi, fue conducido de manera coercitiva a declarar, informó el procurador Diogo Castro.

Las investigaciones están relacionadas con un préstamo por 12 millones de reales (3.2 millones de dólares al cambio actual) que el empresario José Carlos Bunlai –preso desde el año pasado– solicitó al banco Schahim, a pedido del PT, en octubre de 2004, señaló en un comunicado la justicia federal de Paraná, estado donde actúa el juez Sergio Moro, quien realiza las pesquisas sobre la operación Lava jato (Lavado rápido) en Petrobras, lanzadas en 2014.

Simulación

Ese préstamo nunca fue devuelto, pero se simuló su cancelación mediante un contrato de pago de embriones de ganado bovino del empresario, añadió el comunicado. Pero la verdadera causa para saldar la deuda habría sido la contratación de Schahin por Petrobras para financiar una operación de prospección submarina, agregó.

La policía federal anunció que pretende profundizar la investigación sobre el esquema de blanqueo de capitales, por cerca de 6 millones de reales (1.66 millones de dólares al cambio actual), procedentes de la gestión fraudulenta del Banco Schahin, cuyo perjuicio fue asumido posteriormente por Petrobras.

El dinero del crédito fue lavado por empresarios relacionados con el PT y finalmente se usó para pagar sobornos, según fiscales.

Varios hombres de negocios investigados en este esquema de corrupción también estuvieron involucrados en otro escándalo del país, el mensalao (el salariazo), que sirvió para comprar votos de parlamentarios durante el primer mandato de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2007) y llevó al arresto de varios políticos en 2013 tras una década de juicios.

En este contexto, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que la democracia en el país está amenazada, pero aseguró que no permitirá que ésta sea manchada, en referencia al juicio político que impulsa la oposición en el Parlamento.

En un discurso pronunciado en Río de Janeiro, ante representantes de movimientos sociales, sindicales y vinculados con las comunidades negras que luchan por el reconocimiento histórico de sus tierras, Rousseff instó a los brasileños a estar atentos y resistir las tendencias antidemocráticas y las provocaciones.

Subrayó que sin democracia la ruta de las luchas por la igualdad, contra el preconcepto, será mucho más difícil. Por eso no vamos a permitir que nuestra democracia sea manchada, apuntó.

En otro acto, en el Palacio de Planalto, junto con los líderes del Movimiento Sin Tierra (MST), insistió en la necesidad de mantenernos en guardia y plantar resistencia a las tendencias antidemocráticas. También debemos enfrentar las provocaciones, los procesos de persecución contra las autoridades que piensan de determinada manera.

A todo esto, una grabación subrepticia reveló que un juez de la Corte Suprema calificó la política nacional de desastre y afirmó que el sistema político brasileño carece de un mínimo de legitimidad democrática.