En el país hay un excesivo uso de las penas largas en prisión, prácticamente vitalicias, lo que no abona en el verdadero objetivo de la privación de la libertad: la reinserción social, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo nacional dio a conocer ayer el Pronunciamiento sobre la racionalización de la pena de prisión, en el que asentó que si bien reconoce la necesidad de sancionar los delitos considerados graves, las penas excesivas representan una tendencia punitiva y no de reinserción.

Si bien no son reconocidas como vitalicias, cuando son impuestas rebasan ostensiblemente el tiempo de vida promedio del cualquier ser humano. Estas penas se dan como resultado de la acumulación de varias sentencias y, desde la perspectiva de los derechos humanos, atentan contra el principio fundamental de reinserción social, ya que privan de cualquier esperanza de libertad en virtud de que, además, anulan la posibilidad de acceder a algún tipo de beneficio de libertad anticipada convirtiéndose en una especie de sentencia a muerte en reclusión para el interno.

En el documento, de 79 páginas, la CNDH asevera que la suma del uso excesivo de la prisión con la variable de penas de larga duración sin beneficio a libertad anticipada, coloca a México en el número siete de una lista de 223 países, es decir, entre los primeros que tienen un mayor número de personas en internamiento penitenciario por cada 100 mil habitantes.

Para el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, la respuesta no siempre se encuentra en las penas de larga duración, en la acumulación de sentencias o en las sanciones vitalicias. Éstas no se enfocan a solucionar los problemas de violencia, delincuencia organizada o secuestros, entre otras conductas delictivas que en la actualidad flagelan a la sociedad en el país y por el contrario, representan más violencia de la que se pretende contener, al violar los derechos humanos de los sentenciados, al motivar un modelo en el que no se fortalece la reinserción social y se privilegia la separación permanente del interno bajo el afán de una supuesta salvaguarda social.

El presidente de la CNDH remarcó que la mayoría de quienes delinquen no tienen idea de cuántos años de prisión corresponden por el ilícito que cometen, por lo que el incremento de penas no representa una limitante para cometer un delito.

De acuerdo con el pronunciamiento del organismo nacional, estas sanciones además de impedir la reinserción social, producen un efecto desocializador y deterioran la salud física y mental de los sentenciados.

La CNDH hace seis recomendaciones en el documento, que se enviará al Senado, para que sea tomado en cuenta en la discusión de la propuesta de ley nacional de ejecución penal.

Destaca la necesidad de modificar el marco de los delitos en los que se sancione con pena privativa de libertad por encima de la esperanza de vida de las personas, se retome el criterio de tope máximo de castigo y se elimine el criterio de compurgación sucesiva de condenas en diferentes causas.