Por incurrir en diversas omisiones, el pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó cesar a la juez Julia Ortiz Leandro, quien estaba a cargo del juzgado 30 penal con sede en el Reclusorio Sur, por lo cual desde ayer por ministerio de ley el secretario de acuerdos es el responsables de las audiencias.

La separación del cargo se originó porque la juzgadora acumuló cuatro sanciones en el ejercicio de su función e, incluso, por una de ellas se interpuso una denuncia penal en su contra ante la Procuraduría General de Justicia capitalina presuntamente porque no se respetaron los tiempos marcados por la ley para dictar auto de formal prisión, lo cual violó los derechos de un acusado.

La medida que aplicaron los magistrados para el cese fue unánime y se sustentó en lo dispuesto por los artículos 216 y 230 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se señalan las sanciones que tendrán los servidores públicos del órgano judicial, que van desde amonestación y multas hasta la separación del cargo.

La juez fue sancionada inicialmente con apercibimientos, amonestaciones e incluso se le impuso una multa de 351 mil 689 pesos. Impugnó todos los casos por la vía de juicios de amparo, sin embargo, le fueron negados por el Poder Judicial de la Federación.

Ante la negativa del cobijo de la justicia federal, el pleno de la Judicatura determinó aplicar el artículo 230, que a la letra dice: cuando un servidor público de la administración de justicia sea sancionado por cometer tres faltas en el desempeño de un mismo cargo, dentro de un periodo de hasta tres años será separado del cargo conforme a la fracción IV de artículo 216.

En un hecho poco común, el pasado primero de marzo se instauró el procedimiento de separación, el cual duró un periodo de 30 días, y ayer con la notificación personal de la resolución al juzgado 30 de lo penal se dio por concluido.

Entre las faltas que se analizaron durante el referido procedimiento sancionatorio que llevó al cese de la juez Julia Ortiz Leandro está no asistir a sus labores justificadamente, omitir firmas en diversos asuntos y no resolver oportunamente la situación jurídica de un detenido, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.