La falta de atención médica en los centros penitenciarios del país es una constante que vulnera las garantías de los reclusos. Diversas indagatorias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirman la problemática de la falta de eficacia para garantizar el derecho a la protección a la salud en las cárceles de México.

Por ello, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez emitió ayer un pronunciamiento –que contó con la aprobación de su consejo consultivo– donde analiza esta situación y exhorta a las autoridades a atender el tema.

La CNDH indicó que actualmente “existen 250 mil personas internas en cárceles del país –locales, federales y militares–, las cuales requieren de atención médica adecuada”.

En el pronunciamiento, de 66 páginas, el ombudsman nacional detalló que entre 2000 y 2015 las quejas que recibió por violación al derecho de protección a la salud de los internos fueron 6 mil 362.

Además, el año pasado el organismo nacional recibió mil 151 quejas por la negativa o dilación de la atención médica o de proporcionar medicamentos en estos espacios de reclusión.

De 1991 a 2015 la CNDH ha confirmado 137 casos de violaciones específicas a este derecho y ha recomendado en general adecuar las instalaciones de atención a la salud, asignar médicos generales y especializados, enfermeras y personal necesario para la debida atención, así como surtir medicamentos y material de curación suficientes.

En el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014, elaborado por el organismo nacional, donde se analizó la situación general de 130 centros penitenciarios en México de las 32 entidades federativas, de 20 centros federales y tres prisiones militares, se identificaron algunas deficiencias en materia de salud.

En 119 cárceles hay carencias en atención sicológica, 90 no tienen personal suficiente para atender a los internos, en 74 faltan medicamentos, 67 no cuentan con unidades odontológicas, el mismo número presentan deficiencias en los materiales de curación y 29 no tienen siquiera área médica o consultorio.

Además, nueve de los 20 centros federales de reclusión obtuvieron una calificación menor a seis en cuanto a la atención a la salud. De los 20, 17 no tienen personal para atender a los internos, en 16 no hay medicamentos suficientes, en 14 hay carencias en el material de curación, 13 carecen de una adecuada atención sicológica y 11 no cuentan con áreas médicas.

En dos de las tres cárceles militares analizadas no hay personal suficiente para la atención, y en las tres se carece de atención sicológica para los internos.

“En los documentos emitidos por este organismo nacional se destaca que la violación al derecho a la salud ocupa 70.07 por ciento de las quejas recibidas en materia penitenciaria.

La salud debe ser un derecho humano reconocido constitucionalmente a toda persona que se encuentre en territorio nacional, incluidas aquellas que están privadas de la libertad; es una obligación que el Estado debe garantizar a fin de dar cumplimiento a lo consagrado en los artículos 1, 4 y 18 de la Constitución, subrayó el ombudsman nacional.

En su pronunciamiento, la CNDH destaca ocho puntos recomendatorios, entre los que destaca que se fortalezca el sistema de prevención de enfermedades, garantizando un esquema de vacunación para todas las personas internas, así como de los menores hijos que se encuentran con las mujeres privadas de la libertad; que se diseñen protocolos orientados a agilizar la prestación de los servicios médicos, y establecer mecanismos para los casos de necesidad de atención inmediata y urgente.