Jueces, magistradas, abogados, funcionarios estatales y federales expusieron en el Senado que ante la ausencia de una ley general sobre justicia para adolescentes, han tenido que recurrir a la jurisprudencia internacional para aplicar sanciones a menores en conflicto con la ley.

Al plantear sus experiencias durante la audiencia para dictaminar la ley en la materia, advirtieron que no hay unificación para las penas que se aplican en delitos graves cometidos por adolescentes, ya que existen estados donde se aplican condenas de nueve, 10 y hasta 20 años de internamiento por el mismo delito.

Afirmaron que, en general, se criminaliza y discrimina a los jóvenes adictos que cometen ilícitos, y por decreto se les ordena no consumir enervantes, pero esto no funciona, porque debe verse el fenómeno como problema de salud y los infractores deben ser canalizados con médicos, sicólogos y siquiatras para que atiendan sus adicciones.

Álvaro Castillo, juez especializado en justicia para adolescentes de Baja California, explicó que 98 por ciento de los jóvenes que han delinquido en esa entidad consumen o han consumido drogas, y los principales ilícitos son robo, narcomenudeo, delitos sexuales y homicidios.

Castillo planteó ante los senadores que en la ley que van a dictaminar consideren establecer unidades especializadas en medidas cautelares. Además, argumentó que otro problema que padece el sistema penal para adolescentes es que no se destinan recursos en los estados, y en Baja California el artículo 152 de la ley para juzgarlos prohíbe de manera expresa el procedimiento abreviado, lo cual es violatorio de los derechos de los menores.

Anel Pineda Marín, experta en Unidades de Medidas Cautelares para Adolescentes, en el estado de Morelos, señaló que con esas acciones se garantiza que el implicado no se fugará, o que no va a intimidar a la víctima. Con esas medidas, explicó, se busca proporcionar información suficiente, verificada y debidamente analizada para que el juez decida si el adolescente a quien se acusa enfrentará su proceso en libertad, y vigilar que cuando el juez lo cite a comparecer asista.

Expuso que en Morelos ese método dio resultados muy buenos en los dos primeros años que se aplicó, y se redujo la prisión preventiva para menores 20 por ciento. Sin embargo, después hubo un retroceso de 20 por ciento. Analizamos qué pasó, y ahora sabemos que se sigue valorando al adolescente desde la perspectiva del adulto y no en el entorno de una persona que está desarrollándose física, sicológica y emocionalmente.

Señaló que 70 por ciento de jóvenes en conflicto con la ley en esa entidad tienen problemas de adicciones y son criminalizados en lugar de que se les brinde tratamiento. Nos han llegado casos de adolescentes a los que se impone dejar de consumir drogas, pero eso no se cura por decreto ni por resolución judicial.

María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo para la Implementación del Sistema Procesal Penal, de la Secretaría de Gobernación, afirmó que las leyes estatales para adolescentes no cumplen los elementos básicos de los principios del sistema acusatorio, y no hay infraestructura ni equipamiento adecuado.

La senadora Cristina Díaz, del PRI, manifestó que los jóvenes han sido presas del crimen organizado, por lo cual queremos rescatarlos, darles una vida digna y ofrecerles oportunidades.

Fernando Yunes, del PAN, indicó que los adolescentes que cometen delitos tienen entre 14 y 17 años de edad, han abandonado la escuela, residen en zonas marginales y, por lo general, viven en entornos violentos.