La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó de manera categórica la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que trabaja en el caso Ayotzinapa, y contra el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria –investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto fraude en perjuicio del Estado mexicano–; confió en la probidad del funcionario y calificó la denuncia en su contra de infundada y temeraria.

La CIDH dio su respaldo total a los integrantes del GIEI y al trabajo que han realizado durante casi un año, así como a sus informes. Recordó que la selección de los cinco expertos fue avalada tanto por los familiares de las víctimas como por los representantes gubernamentales.

También dio apoyo total a Álvarez Icaza, denunciado ante la PGR por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, por presunto fraude en perjuicio de la Federación por casi 2 millones de dólares, dinero que se destinó a la investigación del caso Ayotzinapa.

En este punto, la CIDH expresó su absoluta confianza en la probidad de Álvarez Icaza, pues el recurso fue depositado directamente en las cuentas de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos por medio de la secretaría de administración y finanzas. La CIDH no administró esos recursos; por tanto, tampoco lo hizo el secretario ejecutivo.

Destacó que al firmar el acuerdo de cooperación con México –suscrito por autoridades gubernamentales y representantes de las víctimas–, Álvarez Icaza actuó en representación de la secretaría general de la OEA.

La CIDH expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esa denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito resulta temeraria e infundada, y confió en la inocencia de Álvarez Icaza porque conoce su accionar, tanto en relación con el tema específico como en toda su gestión.

El organismo de derechos humanos resaltó que las tres partes que suscribieron el acuerdo acordaron la incorporación del GIEI para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa beneficiarios de las medidas cautelares.

Enfatizó que el informe de la investigación y las primeras conclusiones generales del GIEI, presentadas el 6 de septiembre de 2015, señalaron “irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por las autoridades estatales. En particular, cuestionó ‘la versión histórica’ de los hechos dada a conocer por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula. A consecuencia del trabajo y las recomendaciones del GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso”.