El Senado demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe detallado sobre el número de averiguaciones previas iniciadas sobre casos de desaparición forzada, los asuntos de jurisdicción estatal en la materia que ha atraído y en qué entidad se cometieron.

Asimismo, demandó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe sobre el avance en la integración del registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas.

En tribuna, la senadora Dolores Padierna (PRD) advirtió que se trata de ‘‘una tragedia a gran escala que exige una respuesta integral y satisfactoria del Estado mexicano para atender y esclarecer los miles de casos’’. Sin embargo, dijo, la respuesta oficial ha sido negligencia y omisión.

Resaltó que durante las audiencias públicas sobre la ley general de desaparición forzada, que se han llevado a cabo en el Senado, las denuncias de familiares y víctimas coincidieron en afirmar que las autoridades judiciales se niegan a investigar y buscar a las personas reportadas como ‘‘ausentes’’, delegando tal función a las propias familias.

El problema aumenta

En el dictamen aprobado ayer se señala que se trata de un problema estructural del Estado mexicano que, lejos de disminuir, aumenta significativamente. ‘‘El registro nacional de personas extraviadas reconoce que de 2007 a la fecha hay 23 mil 605 casos de desaparición; 40 por ciento ha sido denunciado durante la actual administración’’ de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con esos datos, Tamaulipas es el estado donde más personas han desaparecido, con 5 mil 380 víctimas registradas; el segundo lugar lo tiene Jalisco, con 2 mil 150, y en tercer lugar está el estado de México, entidad en la que se tienen contabilizadas mil 745 desapariciones.

En tribuna, Padierna y Héctor Adrián Menchaca (PT) coincidieron en señalar que el combate a la desaparición forzada debe ser prioridad para la PGR. La perredista recalcó que de acuerdo con las víctimas, las autoridades únicamente inician una averiguación por cada nueve personas desaparecidas en el país, lo que se traduce en que no se realiza una investigación formal para encontrar a las víctimas de ese delito y que por ello no exista un registro administrativo que haga constar los datos y las circunstancias en que desaparecieron.