ara nadie en México es un secreto que los grupos del crimen organizado y los cárteles del narcotráfico se han apropiado de varios centros penitenciarios. En algunas entidades las autoridades simulan que aún tienen el control, pero en realidad desde hace años lo perdieron por falta de eficacia, omisión o simplemente se dejaron corromper; el caso es que el enemigo ha conseguido infiltrarse hasta la raíz.
Desde hace una década la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realiza el estudio Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria. En cada edición se advierte sobre las condiciones en que algunos internos realizan o participan en actividades propias de la autoridad; sin embargo, éstas no han podido ser controladas: al contrario, se han intensificado, y hechos como el sucedido recientemente en el Cereso Topo Chico hace más evidente la falta de controles que debería tener el gobierno.
En su último informe de 2014, la CNDH reportó que en 65 por ciento de los 430 centros penitenciarios que hay en el país existen autogobiernos
liderados por bandas y cárteles de la droga, siendo esta una de las principales causas que hacen imposible que el Estado cumpla con la obligación prevista en el artículo 18 constitucional: la reinserción social, a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, éstos como factores esenciales para lograr un cambio en la actitud del interno, logrando asimismo, evitar con ello su reincidencia y la prevención del delito
(http://bit.ly/1KWqjkS).
En ningún centro de readaptación social de México existen las condiciones descritas; de hecho, según el referido informe de la CNDH, en 75 por ciento de los reclusorios estatales, municipales, federales y militares prevalece la constante violación a los derechos humanos a consecuencia del hacinamiento, sobrepoblación y la falta de acceso a los servicios de salud, además en el resto se detectó la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, así como educativas y recreativas.
La CNDH ha manifestado que el uso desmesurado
de la pena privativa de libertad constituye una de las principales causas de la sobrepoblación y hacinamiento de los centros de detención en México; en este sentido, en su último informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA aseguró que estos dos factores traen como irremediable consecuencia el incremento del autogobierno descontrolado por la falta de supervisión por parte de la autoridad penitenciaria (http://bit.ly/1To7T0a).
El motín de Topo Chico, que cobró la vida de 49 internos en febrero pasado, es una prueba, entre otras, de la decadencia actual del sistema penitenciario mexicano, que ya había sido advertida por la CNDH en reiteradas ocasiones, al igual que por la CIDH en su informe Situación de derechos humanos en México, 2015, donde se refirió sobre el control absoluto que ejercen algunos internos en ciertos centros de reclusión, mismo que se presenta particularmente en los estados del norte del país, donde hay fuerte presencia de delincuencia organizada. En particular, han destacado la complejidad de la situación en centros penales como Topo Chico, en Nuevo León
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Los grupos criminales, además de someter a las personas privadas de su libertad mediante cobros indebidos a fin de que sean provistas de servicios y bienes básicos, tales como comida, agua y salud, también les exigen cuota para que no sean golpeadas, sometidas a abusos en los centros de detención y para poder recibir la visita de sus familiares, detalla la CIDH. Estas condiciones de reclusión hacen de los centros penitenciarios mexicanos verdaderas bombas de tiempo; se podría decir que los motines cada vez más frecuentes funcionan como válvulas de escape.
Otro fenómeno al alza, y es prueba fehaciente del descontrol reinante en los penales, son las crecientes fugas masivas de prisioneros: por ejemplo, en 2009 fueron liberados
por un grupo armado 53 presuntos miembros del cártel del Golfo del penal de Cieneguillas, Zacatecas; en 2010, en septiembre se fugaron 85 criminales del penal de Reynosa; tres meses después, en diciembre, se escaparon 141 internos del penal de Nuevo Laredo, en 2011 se escabulleron 59 convictos del penal de Nuevo Laredo, y en 2012 hicieron lo propio 131 delincuentes recluidos en el penal de Piedras Negras, Coahuila.
En 2011, el diario The New York Times advertía en un editorial que el sistema penitenciario mexicano representaba un eslabón débil en la cadena de la lucha contra el narcotráfico, ya que las prisiones mexicanas son lugares donde los narcotraficantes encuentran una nueva base de operaciones para sus imperios criminales, reclutan a sus subordinados y sobornan su salida por el precio correcto
(http://nyti.ms/1UIqofH).
Cinco años después podemos observar que la problemática del sistema penitenciario se ha agudizado a consecuencia, entre otras causas, del abuso de la prisión preventiva; nuestros centros de readaptación social se han convertido en verdaderos infiernos para quienes ahí purgan una condena, semilleros de nuevos delincuentes y sitios donde se construye rencor y odio social.
El eminente maestro Alfonso Quiroz Cuarón, considerado el padre de la criminología mexicana, autor de diversos estudios científicos sobre los centros de reclusión y el comportamiento de los internos en nuestro país, calificó a las prisiones mexicanas de escuelas y universidades del crimen
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*Analista en temas de seguridad, justicia, política y educación.
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