Buenos Aires.

La Central de Trabajadores Argentinos-Autónoma, (CTA-A) realizó este martes un paro general en todo el país y una movilización al Congreso en esta capital bajo la consigna ni un despido más, ni un trabajador menos, avanzando en un camino de unidad ya que estos reclamos fueron apoyados por todas las centrales sindicales.

En la provincia de Buenos Aires el paro durará 48 horas. Pablo Micheli, secretario general de la CTA-A, encabezó la entrega en el Congreso de un proyecto que, entre otras medidas, impida el despido de trabajadores por un año, a la luz de que hay más de 100 mil desempleados en los ámbitos privado y estatal, en los primeros cien días de gobierno del empresario derechista Mauricio Macri.

Micheli estuvo acompañado por dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) que el lunes anunció su reunificación. Estaba dividida en tres: la de Alsina, que conduce el metalúrgico Antonio Caló, Azopardo encabezada por el camionero Hugo Moyano y Azul y Blanca, por el gastronómico Luis Barionuevo, que decidieron marchar juntos el próximo 29 de abril no sólo para mostrar unidad, sino en rechazo a los despidos masivos, el impuesto a las ganancias, y otras demandas.

También estuvo Hugo Yasky de la Central de de Trabajadores Argentinos (CTA), que avanza en reuniones con Micheli también hacia la reunificación.

Micheli destacó que ante la nueva situación política, ya marcharon juntos con Yasky en las protestas de estos últimos dos meses y que se trabaja en la unidad.

Todas las centrales juntas llevamos una propuesta, lo que es más que importante, dijo Micheli y reclamó que el gobierno pare con esta sangría de echar gente.

Por su parte, el secretario adjunto de la Central Obrera, Ricardo Peiró recordó que reclaman no sólo cese de los despidos en dependencias del Estado sino en el sector privado, rechazamos el impuesto a la ganancias, y exigimos que no se criminalice la protesta social así como la derogación de la ley antiterrorista y del protocolo de seguridad.

La situación sigue agravándose con nuevos aumentos en el gas, en el transporte y en otros servicios. Las provincias están más afectadas y como ejemplo, se mencionó que como en la crisis de 2001, los vecinos de Villa Carlos Paz en Córdoba decidieron recurrir nuevamente al trueque ante la inflación y el desempleo.

En Jujuy desde la asunción del gobernador Gerardo Morales, de la oficialista y derechista alianza Cambiemos, más de cinco mil cooperativistas se quedaron sin trabajo e intentan sobrevivir. El trueque es uno de los caminos. Entre los impuestos que aumentaron, cuando muchos ahora están sin trabajo y lo que ha subido la comida ya no alcanza. No entiendo todavía cómo de tener todo pasamos a no tener nada, exclamó Nilda Ruiz, quien trabaja en el área textil de la Fundación Tupac Amaru.

Corte Suprema no intervendrá en caso de líder social detenida

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de la organización Tupac Amaru que le solicitaba intervenir en el caso por la detención ilegal de su dirigente Milagro Sala denunciando además la falta de independencia de la justicia de Jujuy.

Según el documento, Sala fue detenida ilegalmente a mediados de enero último a partir de un procedimiento que procuró extorsionar a las organizaciones sociales para que levantaran un campamento iniciado un mes antes, frente a la casa de gobierno de la provincia. Las únicas pruebas de cargo para lograr la detención arbitraria de Sala son las que aportó el Poder Ejecutivo provincial, basado en noticias periodísticas. Se le atribuyen delitos de asociación ilícita y extorsión, pero en el reclamo ante la Corte se expuso que los mismos, en caso de comprobarse, tendrían una pena de ejecución condicional, lo que permitiría la libertad de la dirigente social. Centenares de organizaciones internacionales han solicitado al gobierno la libertad de Milagro Sala, a lo que Morales se niega. Está muy clara ya no sólo la dependencia de la justicia en Salta sino también en los más altos niveles, estamos desamparados, denunciaron dirigentes de la Tupac Amaru.

Denuncia del CELS

El periodista Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunciará al gobierno argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington,, por haber derogado la ley de servicios de comunicación audiovisual.

Durante una jornada sobre Justicia y Lucha contra la impunidad, realizada en el Senado bonaerense, Verbistky denunció que el gobierno de Macri derogó por decreto dos leyes sancionadas por el Congreso, una de ellas ampliamente debatida, que es la de servicios de comunicación audiovisual, informando que el próximo 8 de abril viajará a Washington para mantener una audiencia con la CIDH. En este sentido consideró que esta decisión viola los principios de la libertad de expresión, de la pluralidad, en contra de la concentración que forma parte de la Convención de los derechos humanos.