La corrupción del Estado; la reducción de la vida política a un juego de poder, dinero, clientelismo y encubrimiento, y la política de seguridad cada vez más militarizada nos han llevado a una descomposición casi exponencial del país y al retorno a viejas prácticas del priísmo en las que los gobiernos, incapaces de enfrentar la realidad, no sólo la niegan, sino que asesinan o calumnian y criminalizan a quienes develan la tragedia humana que vivimos, señala un pronunciamiento de activistas y decenas de organizaciones civiles.

El documento, en el que se exige un alto a las calumnias, criminalización, persecuciones, hostigamientos, torturas y asesinatos de defensores de derechos humanos, es dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia, leyó el texto, presentado con motivo del quinto aniversario del surgimiento de esa agrupación y que es suscrito, entre otros, por defensores como el sacerdote Alejandro Solalinde, Miguel Sarre, José Antonio Guevara, Clara Jusidman, Pilar Noriega, Jacobo Dayán y Juan Carlos Gutiérrez, y organizaciones como la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

Cifras alarmantes

Enfatizaron que en 2011 se reportaban en el país 40 mil personas ejecutadas y 10 mil desaparecidos, y hoy las cifras son de casi 200 mil asesinados, más de 30 mil desaparecidos, casi un millón de desplazados y cientos de fosas clandestinas.

Si la administración de Felipe Calderón se significó por exaltar la violencia y construir un estado de excepción criminalizando a las víctimas, la de Enrique Peña Nieto se caracteriza por gobiernos que niegan la violencia y la tragedia humana del país, que entierran a las víctimas en el silencio y que asesinan, criminalizan y persiguen a todas aquellas organizaciones y personas que han tomado el camino de la verdad y la justicia.

Se ha dado, afirmaron, “la persecución y calumnia de organizaciones civiles, de defensores de derechos humanos, de relatores de la ONU –como el de tortura, Juan Méndez–, de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (encargado del caso Ayotzinapa), y del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza”.

Por ello, exigieron a Osorio Chong detener estas reprobables campañas de hostigamiento.