En un largo proceso que llevó casi tres años, el Congreso de la Unión aprobó en abril de 2011 la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, que incluyó una enmienda al artículo 29 para considerar un ‘‘catálogo intangible’’ de garantías que no pueden ser suspendidas en declaratorias de estado de excepción.

Fuera de esa lista, primero el Senado y ahora la Cámara de Diputados consideran en la ley reglamentaria respectiva que se pueden suspender otros derechos de manera temporal.

La reforma fue publicada en junio por el entonces presidente Felipe Calderón, y al mismo tiempo su gobierno avanzó –en negociaciones con su partido, Acción Nacional, y el PRI– en una ley de seguridad nacional antes que en una ley reglamentaria del citado artículo 29, que ahora está a discusión en la Cámara de Diputados.

De manera paralela a la entrada en vigor de la reforma, y en plena ‘‘guerra’’ de Calderón contra el narcotráfico, éste promovió un proyecto para regular la intervención de las fuerzas armadas, la Policía Federal (PF) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ante presuntas amenazas a la seguridad nacional y sin necesidad de la declaratoria de estado de excepción que prevé aquel apartado constitucional.

En la exposición de motivos de su proyecto, las comisiones de Defensa Nacional, Gobernación y Derechos Humanos pretendían justificar la intervención militar y policiaca en las calles, con el argumento de que ‘‘la paz debe interpretarse como estado contrario a la guerra, pero no como estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro’’.

Con ello se sustentaba el hecho de que ‘‘dentro de sus atribuciones para preservar la tranquilidad nacional, y en la colaboración que ejercen en tareas de seguridad pública, el Ejército y la Armada pueden intervenir’’ sin la solicitud presidencial al Congreso de suspensión de garantías.

El proyecto, que en comisiones contó con el respaldo inicial del PRD, fue desechado porque además incluía declarar la intervención de las fuerzas armadas ante ‘‘movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo’’, cuando considerara que ‘‘constituyan un desafío o amenaza’’ a la seguridad interior.