orena realizó un especial esfuerzo de apertura e inclusión a la hora de confeccionar su propuesta de diputados para las sesiones constituyentes de la Ciudad de México. En la primera parte de su planilla, la que tendrá viabilidad de llegar a los asientos legislativos, fueron incluidos nombres y apellidos de peso y relevancia en el escenario nacional, los cuales con seguridad dotarán a los debates venideros de la carga política e intelectual que impida que el muy debatible paso mancerista del Distrito Federal a la CDMX quede en mera maniobra efectista, susceptible de ser llevada a las alforjas futuristas del actual jefe del gobierno capitalino y precandidato presidencial de izquierda.

Con un entreveramiento de mujeres y hombres (conforme a lo que hoy es políticamente correcto), con presencia especial de jóvenes y de representantes de movimientos y tendencias progresistas (no solamente en las dos terceras partes finales del listado, las menos viables) y con participación de externos (aunque varios de ellos lo son técnicamente, pero hay plena afinidad con el movimiento lopezobradorista histórico y con su vertebración partidista actual), la relación de aspirantes incluye en sus primeros sitios a la académica Irma Eréndira Sandoval, a los actores Bruno Bichir, Damián Alcázar y Héctor Bonilla, al periodista Carlos Payán (director fundador de La Jornada, quien ya fue senador por el PRD), a la empresaria Lilia Rossbach, al escritor Mardonio Carballo, al abogado Javier Quijano, al escritor Fabrizio Mejía y a Gabriela Rodríguez, junto a militantes destacados de Morena como Bernardo Bátiz, Berta Luján, Clara Brugada, Jesús Martín del Campo y José Agustín Ortiz Pinchetti.

El abogado José Antonio Ortega Sánchez ha presentado ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal por fraude en contra de Emilio Álvarez Icaza con relación al caso Iguala. La acusación es infundada, pero ha recibido una solidaria promoción mediática en consonancia con la campaña de desacreditación que en meses recientes se ha desarrollado contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que por acuerdo del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que es alto funcionario el mencionado Álvarez Icaza, coadyuva en la indagación de lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El abogado Ortega Sánchez, cargado a la extrema derecha, es cuñado de Jorge Serrano Limón, ex presidente de Provida, encarcelado por fraudes relacionados con tangas compradas con recursos públicos. Además, fue representante legal del ultraconservador cardenal (ahora emérito) Juan Sandoval Íñiguez, dirige una organización denominada Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y es cofundador de México Unido contra la Delincuencia. Más que un jurista equilibrado y sensato, se le considera un fanatizado operador de consignas contra posturas progresistas o comunistas.

A las recientes acometidas del cruzado Ortega Sánchez contra el GIEI, la CIDH y Álvarez Icaza, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Roberto Campa Cifrián, tuiteó que la CIDH firmó con el Estado mexicano representado por Segob, SRE y PGR, de tal manera que aquélla no administra recursos. Esa demanda no es seria. El trino internético del subsecretario de Gobernación no es la postura oficial del gobierno mexicano y no tiene ninguna formalidad, como lo han solicitado los miembros del GIEI que consideran que hay un clima, alentado desde algunos poderes, de linchamiento contra ellos, por lo cual han demandado una precisión pública y oficial. Lo único, hasta ahora, ha sido el tuit de Campa Cifrián, desde un posicionamiento tan relajado que un día después de descalificar extraoficialmente al provocador Ortega Sánchez lanzó otro tuit, una especie de ya supérenlo vacacional, al comentar: Hoy mejor dedicarlo al descanso reparador. Ya no peleen, mejor vengan a Valle de Bravo. A una hora del exDeFectuoso. Todo fuera como eso: ya no peleen.

El próximo 7 de abril se desahogará una audiencia constitucional respecto de la solicitud de amparo de la justicia federal que han presentado agricultores, ganaderos y habitantes de dos municipios (Santo Domingo, en San Luis Potosí, y General Cepeda, en Coahuila) contra empresas privadas que pretenden instalar tiraderos de desechos tóxicos. En apoyo de quienes consideran que hay un agravio evidente contra su derecho a la salud, centenares de ciudadanos (entre ellos escritores, intelectuales, artistas, científicos, activistas y periodistas relevantes), así como decenas de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la ecología, han firmado un manifiesto que puede ser leído en la edición de hoy de La Jornada San Luis.

El Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, en San Luis Potosí, y la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, en Coahuila, cuyo propietario en ambos casos es José Cerrillo Chowell, dueño de compañías mineras, pretenden trasladar cientos de miles de toneladas de basura tóxica y peligrosa a esos municipios rurales, sometiendo a sus habitantes, durante 30 años, a los riesgos de esa actividad y obligándolos a convivir para siempre con cientos de miles de metros cúbicos de desechos, según señala el comunicado.

Los firmantes aseguran que imponer un confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos a campesinos y ganaderos en pequeño, que viven del autoconsumo y que han cuidado durante siglos la biodiversidad, es un violento crimen empresarial. Sabido es que las autoridades federales del medio ambiente suelen estar rotundamente del lado de los empresarios tóxicos, como el citado Cerrillo Chowell, y que en las entidades correspondientes (ambas gobernadas por priístas: Juan Manuel Carreras, en SLP, y Rubén Moreira, en Coahuila) suelen aceptarse y reproducirse las instrucciones centrales, así que el Poder Judicial de la Federación es la instancia que podría frenar y extinguir el mencionado intento de crimen empresarial. ¡Hasta mañana!

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