on saldo de 200 mil víctimas y 45 mil desapariciones forzadas, en 1996 culminó en Guatemala el conflicto armado interno, que duró 36 años. Los acuerdos de paz tenían como objetivo transformar el Estado de manera no violenta, reformando las estructuras que habían dado origen a las hostilidades, desarticulando los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos (escuadrones de la muerte) y terminando con la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.

Cuando hay una transición luego de un conflicto armado, como en el caso de Guatemala, siempre hay una institucionalidad frágil y un estado de derecho débil; altos índices de impunidad y corrupción generada por los grupos que ostentaron el poder; una alianza entre los sectores político, económico y militar, que mantiene el estatus quo para no poner en riesgo sus intereses.

Por ejemplo, la gestión que siguió al gobierno de paz –y que se había opuesto a este proceso– se dedicó a sabotear los pocos esfuerzos que se habían logrado y a aumentar la violencia contra las organizaciones de derechos humanos, líderes sociales, operadores de justicia y periodistas, actores que exigíamos justicia y desenmascarar los actos de corrupción.

Desafortunadamente, la lentitud de la justicia puso a las víctimas en la necesidad de recurrir a instancias internacionales, como los sistemas Interamericano y de Naciones Unidas.

Todo esto motivó a las organizaciones a proponer la creación de la Comisión Internacional Contra Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciciacs), organismo que se focalizaría en las víctimas, es decir, el sujeto pasivo de la violencia política. La propuesta fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

En 2006, en un intento por recuperar la agenda de paz, un nuevo gobierno retomó aquella iniciativa, pero ocupándose del sujeto activo de la violencia, la corrupción y la impunidad, es decir, quienes la habían generado e impedían por todos los medios los cambios que el Estado necesita para el cumplimiento de esa agenda.

Con el apoyo de Naciones Unidas se conformó la actual Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), focalizada en las estructuras que operan y generan impunidad desde el propio Estado. Su mandato se resume en tres: la investigación y persecución penal de los delitos de estas redes a través de una acción conjunta con el Ministerio Público; fortalecimiento institucional mediante tareas mancomunadas de investigación, persecución, enjuiciamiento y sanción de las instituciones del sector justicia y seguridad; y elaboración de propuestas legislativas y políticas públicas para garantizar las transformaciones institucionales necesarias para que el sistema de justicia se fortalezca.

Un indicador de la lucha contra la impunidad es ver hasta dónde se puede llegar. En el ámbito de la investigación, persecución y sanción penal, las acciones han llegado a jueces, fiscales, policías, diputados, grupos económicos y hasta a un presidente y vicepresidenta. También a cabecillas del crimen organizado, como narcotraficantes o quienes han ejercido el control de facto en las prisiones.

En el campo legislativo los avances también son importantes, como la sanción de las leyes de Crimen Organizado, Corrupción y Ministerio Público. Estas normas han proporcionado instrumentos, como las escuchas telefónicas, la unidad de análisis del comportamiento criminal y la creación de juzgados de competencia ampliada, entre otros. Esto derivó en un cambio del modelo de gestión en la investigación penal, que se hizo más eficiente, reduciendo los indicadores de impunidad y fortaleciendo la institucionalidad.

La acción de la Cicig ha permitido recuperar la esperanza en que el sistema se puede cambiar para satisfacer las necesidades de más justicia, seguridad, educación, etcétera. Una institución como la Cicig es un traje hecho a la medida del país y de sus circunstancias, pues se ajusta a la legislación local con sus instancias nacionales y al fenómeno que se quiera atacar.

El tiempo de una instancia como la Cicig depende de la voluntad política del Estado de escuchar a la sociedad civil y de hacer los cambios que se requieren para fortalecer las democracias y el estado de derecho. En la medida en que el sistema nacional de justicia y seguridad se fortalezca y logre disminuir la corrupción para acortar la brecha de inequidad social se recurrirá con menos frecuencia a las instancias internacionales, porque la ciudadanía logrará recuperar la confianza en el Estado y en su poder de acción.

En abril de 2015, en medio de las discusiones sobre la continuidad de la Cicig y la presentación de casos, que en ese momento alcanzaban al secretario privado de la vicepresidenta, los guatemaltecos nos volcamos a la plaza en manifestaciones pacíficas que duraron 5 meses. En un hecho inédito en el país, se logró la renuncia de la vicepresidenta y la posterior renuncia del presidente Otto Pérez Molina.

Hasta el día de hoy no han parado esas manifestaciones ciudadanas, que envían a las nuevas autoridades el mensaje de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y exigen el cumplimiento de una agenda mínima que incluye cambios a las leyes de partidos políticos, compras y contrataciones y de servicio civil. Las reformas de fondo del sector justicia y seguridad continúan pendientes al día de hoy, pero siguen siendo reclamadas.

* Presidenta de la Fundación Myrna Mack, galardonada con el Right Livelihood Award (Premio Nobel Alternativo) en 1992.

Twitter: @HelenMackCh