acer una ley a modo para criminalizar la protesta e institucionalizar la represión no es nuevo; pero hacerlo durante las luchas que se libran en el estado de México es casi una sentencia. Aún están abiertas las heridas que dejó la represión de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, donde los supuestos encargados del orden torturaron activistas y violaron a las mujeres, y hoy, a partir de la iniciativa del gobernador priísta Eruviel Ávila, se anuncia una nueva escalada represiva.

La nueva norma mexiquense, conocida como ley Atenco, faculta a las policías estatal y/o municipales a intervenir cuando consideren ilegal alguna manifestación o protesta, lo que para el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT) –el movimiento creado a partir de la defensa del territorio contra la construcción de un aeropuerto– representa la preparación del camino para reprimir a los que el gobierno considere opositores al desarrollo.

Además de permitir a la policía el uso de armas de fuego contra la población desarmada, la nueva creación legislativa habilita el uso de dispositivos que dan descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, así como sustancias irritantes en aerosol, y deja en manos de la propia fuerza cuándo habilitan a este régimen de excepción, cuyos mandos castrenses son los últimos responsables de la violencia desplegada, dejando en la comodidad de las sombras a cualquier representante del poder político.

Trinidad Ramírez, pilar de toda una familia que ha sido víctima de la represión, es clara cuando advierte que en Atenco no se oponen al progreso, pero no al que se impone a partir del arrebato de sus tierras, con base en engaños y del reparto de dinero.

En Atenco, dice Trini, tenemos una lucha histórica que cumplirá 15 años. Desde que lograron derrotar el decreto expropiatorio de sus tierras, el movimiento siguió a la defensiva, pues la represión en sus diferentes modalidades continúa. El gobierno no sabe cómo quitar esta resistencia a la que llama mínima, no encuentra cómo diluirla, y entonces hace una ley. Pero no es sólo por Atenco, es también por los otros proyectos que se gestan en torno del aeropuerto en el estado de México.

Para rechazar esta ley aprobada en el contexto de las vacaciones de Semana Santa, diferentes organizaciones de derechos humanos, como Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro Prodh y Fundar, entre otros, conformaron un frente y advirtieron que la iniciativa puede tener el incentivo perverso de generar incidentes violentos durante las manifestaciones para legitimar la represión policial.

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