La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abierta la averiguación previa en la cual se investiga a la actriz Kate del Castillo, y aunque no ha solicitado el apoyo de autoridades de Estados Unidos ni ha vuelto a citar a la actriz, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ha solicitado nuevos informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en torno a las operaciones financieras realizadas por la actriz.

Funcionarios de la dependencia federal señalaron que también se investigan las finanzas de los defensores de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa.

La indagatoria, de la cual la PGR ha mantenido en reserva los datos obtenidos, ha generado información en respuesta a peticiones que el Ministerio Público Federal ha realizado a organismos financieros, como es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La averiguación previa, indicaron las autoridades consultadas, incluye a personas que presuntamente tuvieron relaciones personales o profesionales con Guzmán Loera y entre ellas se encuentran sus abogados Juan Pablo Badillo, José Refugio Rodríguez, Óscar Manuel Núñez, Óscar Quirarte y Andrés Granados, todos ellos registrados como parte del equipo que lleva la defensa del capo ante autoridades penitenciarias federales.

En el caso de Juan Pablo Badillo y José Refugio Rodríguez, presuntamente se les indaga en relación con Kate del Castillo por ser quienes contactaron con la actriz, diseñaron la logística para los encuentros con el capo y presuntamente fueron quienes elaboraron un contrato en el que se estipularon las condiciones para la realización de un filme sobre la vida del narcotraficante.

La revelación de la existencia de una conexión entre Kate del Castillo y Guzmán Loera fue dada a conocer por la titular de la PGR, Arely Gómez, el 8 de enero, fecha en que el narcotraficante fue detenido por elementos de la Policía Federal, en Los Mochis, Sinaloa.

En cuanto a Kate del Castillo, las autoridades no le han girado nuevo citatorio y se mantiene la orden de localización y presentación dentro de territorio mexicano, en tanto se concluye la indagatoria y se determina si es necesaria su declaración ministerial.