La Presidencia de la República tiene confirmada la participación del presidente Enrique Peña Nieto, a finales de abril, en la sesión especial de la Organización de Naciones Unidas sobre drogas, impulsada por México, Colombia y Guatemala en 2012.

A principios de este mes, ministros de Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) aprobaron en República Dominicana una declaración conjunta para llevar a esa cumbre de la ONU, en la que destacan la necesidad de que los estados fortalezcan sus estrategias para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, siendo ésta una de las herramientas que utiliza el crimen organizado trasnacional para las actividades vinculadas con el tráfico ilícito de drogas y sus delitos.

Programada originalmente para 2019 –10 años después de la segunda sesión–, la conferencia internacional sobre la reforma de las políticas de drogas se adelantará tres años. En la cumbre entre los países de la Celac y de la Unión Europea de junio del año pasado, Peña Nieto insistió en esa propuesta mexicana porque, dijo, respresenta una oportunidad para redefinir los esfuerzos globales frente a este flagelo.

A su vez, en la Declaración de Santo Domingo, derivada de la tercera Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de las Drogas, se subraya también la necesidad de adoptar medidas preventivas para hacer frente a este fenómeno con el fortalecimiento del tejido social y el bienestar de las poblaciones. Además, los ministros declararon estar comprometidos a hacer frente al problema con respeto a los derechos humanos, promover programas para reducir el riesgo, prevenir y revertir los daños sociales generados por el narcotráfico y, al mismo tiempo, garantizar la disponibilidad y acceso equitativo a sustancias controladas para fines médicos y científicos.

Acordaron sumar esfuerzos para identificar y combatir los grupos delictivos organizados. Subrayaron la importancia de la aplicación general del principio jurídico de proporcionalidad de las penas que defina niveles diferenciados de responsabilidad y el desarrollo de medidas alternativas en la impartición de justicia para quien trafica con drogas sin que ello genere impunidad.