a Cepal informa que la buena noticia es que en América Latina se redujeron pobreza e indigencia, pero como siempre hay una excepción ésta, lamentablemente, correspondió a México, donde los indicadores de tales flagelos sociales no dejan de incrementarse. Y ello es así porque en el gobierno no aceptan que la desigualdad y el hambre no se combaten con discursos.

De acuerdo con su más reciente Panorama ocial de América Latina, la Cepal advierte que debido a la caída en el ingreso de los hogares, la pobreza e indigencia aumentaron en México en el último lustro, es decir, todo lo contrario a lo sucedido en el resto de las naciones de la región (La Jornada, Roberto González Amador). Así es: según la estadística de la Cepal y del Coneval, a estas alturas uno de cada tres latinoamericanos en pobreza es mexicano.

El ingreso de la mayoría de los habitantes de esta República de discursos ha ido de peor a pésimo, porque los genios de la tecnocracia aseguran que con salarios de hambre se logra un México competitivo, y en eso sí ha sido muy aplicada la dupla gobierno-iniciativa privada. Que se mueran de hambre, porque hay que ser competitivos (léase las utilidades privadas tienen que incrementarse sostenidamente).

Ayer en este espacio se documentó la precarización del empleo en el país y, por lo mismo, el desplome de la calidad de vida de los mexicanos, y en este contexto el análisis (para el periodo 2005-2015) de José Nabor Cruz Marcelo, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (Caracterización reciente del empleo remunerado en México: rezagos y pendientes, del que se toman los siguientes pasajes) profundiza en el tema. Va, pues.

Los empleos que se ofrecen en la economía mexicana se han destinado a los de menores ingresos. El grupo de trabajadores denominados como subordinados, que se destaca por tener percepciones mayores a los cinco salarios mínimos mensuales ha presentado una tendencia decreciente en los últimos diez años, ya que para el tercer trimestre de 2006, 13.1 por ciento del total de los trabajadores subordinados accedía a un ingreso mensual mayor al de cinco salarios mínimos. Sin embargo, dicho porcentaje se contrajo prácticamente a la mitad en nueve años, ya que para el tercer trimestre de 2015, apenas 6.86 por ciento del total de las personas ocupadas percibían dicho sueldo en México.

Durante el mismo periodo de análisis sólo el grupo de trabajadores que ingresan un salario mínimo mensual es el que reportó sostenidamente una tendencia al alza, ya que pasó de representar 7.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2008 a 9.62 por ciento en el segundo trimestre de 2015, es decir, para 2015 hay más trabajadores percibiendo un salario mínimo que cinco salarios mínimos en el país, lo cual refleja la baja calidad de empleo, en términos estrictamente monetarios, que se han desarrollado en México en los últimos diez años.

Las anteriores tendencias pertenecen a la población económicamente activa, que se clasifica como trabajadores subordinados. Sin embargo, al utilizar como variable de referencia el total de trabajadores empleados –la sumatoria del total de los empleos al interior de la denominada población económicamente activa– encontramos una tendencia similar, es decir, para el tercer trimestre de 2006 sólo 12.1 por ciento del total de los trabajadores ingresaban más de cinco salarios mínimos; para el segundo trimestre de 2015 esta proporción se redujo a 6.13 por ciento, la más baja de todo el periodo considerado, es decir, hay una sistemática reducción de los empleos mejor remunerados en los últimos diez años.

En general se constata que los empleos generados no sólo han resultado insuficientes para satisfacer la demanda anual de nuevos integrantes de la población económicamente activa, sino que los trabajadores que logran ser contratados lo hicieron en condiciones endebles. Por ejemplo, para 2005, unas 2.3 millones de plazas laborales fueron temporales, cifra que en los siguientes diez años fue aumentando progresivamente para situarse en 3.3 millones en 2015.

A la luz de la información revisada se confirma que de forma agregada la evolución de los empleos en México, sobre todo en los últimos diez años, se ha caracterizado por expansiones en los rubros de menores salarios, de corte temporal, sin seguridad social (es decir informales) y con trabajadores con menos años de escolaridad, quienes han encontrado mayores oportunidades. Dicho escenario no pareciera tener un cambio radical a corto o mediano plazos.

Se requiere de forma imperiosa que las políticas públicas sean dirigidas a expandir el empleo hacia los jóvenes y a las personas con más años de preparación académica, sin dejar a un lado el resto de los integrantes de la población económicamente activa, ya que la cifra de personas desempleadas en 2015 aún se encuentra por arriba de los niveles de 2007, un año antes de la crisis económica donde el desempleo prácticamente se duplicó en México. Así pues, la generación de empleo y sobre todo de tipo formal y no temporal, podrá ser una opción para disminuir los efectos negativos de posibles crisis económicas que puedan presentarse a corto o mediano plazos, así como incrementar las percepciones de los trabajadores formales, cuestión que abona tanto al combate a la desigualdad de ingresos, como a la expansión de la demanda y al propio crecimiento de la economía nacional.

Las rebanadas del pastel

La película se repite una y otra vez: el inquilino de Los Pinos dice una cosa y la Secretaría de Hacienda otra, y entre declaración y declaración ésta última es la que se impone, al puro estilo lopezportillista, porque –dice Luis Videgaray– aquí sólo mis chicharrones truenan. A finales de febrero pasado Enrique Peña Nieto anunció que a partir del primero de abril de 2016 cualquier empresa (distinta de Pemex) podrá importar gasolinas y diésel, lo que deberá reflejarse en mejores precios para los consumidores mexicanos. Pero el de la residencia oficial tardó más en prometer mejores precios que la Secretaría de Hacienda en dejar en claro que de ninguna manera, porque con la libre importación de combustibles no se modifica ni el esquema fiscal ni el de precios máximos que aplica desde el primero de enero de 2016. Y el ministro del (d) año no sólo desmintió al que supuestamente es su jefe, sino que fue más allá: lejos de ofrecer mejores precios a los consumidores mexicanos decidió aplicar un incremento justo a partir del primero de abril, es decir, cuando comenzará la libre importación de combustibles que traería grandes beneficios.

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