San Miguel de Allende, Gto.

En México, 14 millones de personas viven diariamente sin agua suficiente. Este dato, poco conocido, forma parte de una investigación del Instituto Heinrich Boll, expuesto por Narciso Barrera Bassols, geógrafo y antropólogo de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), durante el Foro del agua, acción desde la sociedad, que se clausuró hoy en la reserva natural de El Charco del Ingenio.

Uno de los casos más severos de contaminación y reducción de volumen de los mantos freáticos del país que se analizó en estas jornadas fue el del acuífero La Independencia, en el norte de Guanajuato, con siete mil kilómetros cuadrados y que abastece de líquido a medio millón de habitantes. Es tributaria de la Cuenca Lerma-Chapala.

Según otro experto que participó en los dos días de trabajo, Marcos Adrián Ortega, investigador del Centro de Geofísica de la UNAM, Campus Juriquilla, este acuífero, que nutre los municipios de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Doctor Mora, San Diego de la Unión y Ocampo, es uno de los focos rojos más alarmantes del país, por los niveles de tóxicos que contiene el agua que se extrae con más de tres mil pozos.

Esta gran reserva hídrica, señaló Ortega, quien estudia el comportamiento y la evolución del acuífero desde 1998, es uno de los casos emblemáticos de cómo las políticas públicas favorecen a las industrias extractivistas –agroindustria y corredores industriales depredadores– por encima del postulado de la Organización de Naciones Unidas que establece que el agua debe ser considerada por los Estados como un derecho humano y su suministro a las poblaciones debe ser saludable, aceptable, accesible y asequible.

Ortega Guerrero, cuyas investigaciones han sido publicadas en las principales revistas de geociencias, refutó las bases de información sobre las cuales el gobierno de Guanajuato diseñó su plan estatal hidráulico. Contrario a lo que sostienen las autoridades, los científicos han demostrado que, debido a su agotamiento, el acuífero ya no recibe las recargas naturales de agua durante las temporadas de lluvia.

Si hay para los negocios, no para los pueblos

El gobierno y la Conagua no reconocen esta realidad y calculan la oferta de agua para las concesiones privadas sobre datos ficticios, sostuvo.

Según el gobierno estatal, el déficit de agua de este acuífero, calculado sobre la base de la cantidad de lluvia menos la cantidad de agua extraída, es de mil 500 millones de metros cúbicos. “Pero el déficit real –precisó el científico– es del doble: 3 mil millones de metros cúbicos por la falta de recarga real. Esto, sin tocar todavía el problema más grave, que es el de la calidad”.

Estos son algunos datos que compartió el experto:

Más de 3 mil pozos, muchos de ellos privados y no todos registrados legalmente, extraen agua a lo largo y ancho de los 7 mil kilómetros cuadrados del acuífero. Según registros del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) se extraen mil millones de metros cúbicos al año.

Debido a la sobreexplotación desmedida, las aguas superficiales (consideradas geológicamente como nuevas) se han secado o han bajado de nivel, de 50 o 100 metros de profundidad, a más de 300 metros. Los pozos, por tanto, ya han alcanzado los mantos fósiles del acuífero, con aguas consideradas como antiguas, con miles de años de edad, que son térmicas y por eso suben con más facilidad y con altos contenidos de minerales tóxicos.

Por tanto, las mediciones que realiza el Centro de Geofísica en varios puntos clave del acuífero han documentado, desde hace años, la presencia cada vez más frecuente y en concentraciones cada vez más altas de fluoruro, arsénico, sodio, uranio, torio y, como ocurrió en el caso de la pequeña comunidad de La Cantera, en el municipio de San José Iturbide, agua con radioactividad por encima de la norma oficial.

El síntoma más preocupante, citó, es la presencia de arsénico inorgánico total, que se detectó en el estudio de 246 pozos. Este es, por otro lado, un problema epidémico global.

Ortega Guerrero, doctorado en hidrología de contaminantes, explicó que el gobierno estatal, mediante su Comisión de Salud, ha certificado que el agua del acuífero es potable y apta para el consumo humano. Sin embargo, denunció, para estas certificaciones se monitorean solamente 12 pozos, de un total de 3 mil. Recientemente fue incorporado en el programa de monitoreo el pozo de La Cantera, donde en los últimos años se registraron los decesos de tres niñas pequeñas por leucemia linfobástica aguda, relacionada directamente con la presencia de radioactividad en altos niveles.

El geógrafo guanajuatense concluyó que lo que preocupa a la comunidad de defensores del agua y la salud en la región es que desde la academia hacemos ciencia, hacemos investigación, documentamos el desastre y los responsables de las políticas públicas hacen caso omiso a esta información. Las miradas de los gobiernos de Guanajuato y Querétaro están dirigidas, exclusivamente, a atender las recomendaciones del Banco Mundial para favorecer la privatización del agua.

Rumbo al caos hídrico

Narciso Barrera, por su parte, describió estos tiempos como el antropoceno, equivalente a una era geológica donde la especie humana se acerca aceleradamente a una situación ya no de crisis, sino de caos climático, en la que, en un periodo de 50 años, la tierra habrá cambiado irreversiblemente.

En los mapas de las crisis hídrica, energética y biocultural que expuso, México aparece siempre como un país enfermo de viruela, lleno de puntos rojos.

Por ejemplo, el mapa de la minería. En la mitad de la geografía nacional aparecen las concesiones mineras, la mayoría a firmas transnacionales, y casi todas representando minas a cielo abierto. Según nuevos datos publicados por el Instituto Heinrich Boll, las empresas mineras usan para extraer minerales la cantidad equivalente a la que consumen 3 millones 229 mil personas de los estados de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit.

El mapa de la contaminación de los acuíferos subterráneos es otro de los síntomas del país enfermo. Como granos de viruela abundan los focos rojos encendidos por las concesiones a empresas privadas para la extracción del agua en las cuencas hidrográficas. La consecuencia de esta sobreexplotación, indicó el geógrafo, es que 75 por ciento de las cuencas del país están en situación de alta a severa contaminación.

Las gráficas de la explotación de hidrocarburos, con o sin fracking, complementan el panorama de una geografía agotada.

En su ponencia destacan dos casos emblemáticos: el río Lerma, que periódicamente se incendia y el agonizante río Atoyac, que va al Balsas y es afluente del Cutzamala, que muestra en sus riveras gruesas franjas de óxido rojo, residuos tóxicos de las industrias de la mezclilla y los fertilizantes que descargan sin control a su paso por Puebla y Tlaxcala.

A estos mapas de enfermedad ambiental corresponden otras gráficas de conflicto social. En los estados que concentran los problemas más graves de falta de agua o agua contaminada por el uso extractivista se identifican al menos 65 conflictos hídricos, principalmente en los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, estado de México y Guerrero.

Desde la perspectiva de la sociedad civil organizada, recalcó el científico, que forma parte además del Tribunal Popular de los Pueblos, el movimiento por la defensa del agua se ensancha. En México se registran a la fecha más de 3 mil experiencias de lucha y resistencia en torno a esta temática.