n grupo de legisladoras mexicanas presentó un punto de acuerdo para que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a agilizar la visita del relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michel Forst. El 25 de febrero pasado, el funcionario lamentó que las autoridades mexicanas cancelaran de manera unilateral su visita prevista para abril, sin que se ofreciera una explicación de los motivos ni se fijara nueva fecha. En esa ocasión, Forst señaló que nuestro país es uno de los más represivos contra los defensores de los derechos humanos.

Los dichos del relator especial se aprecian al considerar la situación que enfrentan los defensores de los derechos humanos en México: entre 2012 y 2015 se presentaron al menos 918 casos de ataques a defensores de derechos y sus familias, entre los que se cuentan robos y allanamientos a las sedes de distintas organizaciones. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que estas agresiones continuaron pese a los mecanismos institucionales de prevención y protección, y se ven agravadas por los actos de autoridades estatales que desprestigian y estigmatizan a los defensores.

Pese a la realidad descrita, la postergación indefinida de la visita del relator especial no representa un hecho excepcional, sino que se suma a un preocupante patrón de indolencia y ambigüedad de las autoridades federales ante casos graves de violaciones a los derechos humanos. Al respecto, es emblemática la pasividad mostrada ante la campaña de difamación emprendida por grupos ultraconservadores y medios de comunicación contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por sus hallazgos en torno a la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, el 26 de septiembre de 2014.

Otro episodio indicativo de esta sistemática carencia de voluntad política para reconocer y remediar la compleja situación en la materia se presentó el pasado día 3, cuando la titular de la SRE rechazó categóricamente y descalificó la metodología del reporte Situación de los derechos humanos en México 2015, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se da cuenta de la impunidad estructural y casi absoluta en torno a estos delitos.

Sin embargo, esta ambigüedad en el cumplimiento de su mandato para proteger efectivamente los derechos humanos rebasa al ámbito del Poder Ejecutivo. En este sentido, cabe recordar las denuncias de organizaciones que agrupan a familiares y amigos de víctimas de desaparición forzada por la dilación del Senado para tramitar la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de personas y la Ley General Contra la Tortura. En el caso de la primera reforma mencionada, es una señal preocupante que, aunque el plazo legal para su aprobación expiró el pasado 6 de enero, los coordinadores de ambas cámaras no consideraron prioritario su trámite en el actual periodo legislativo.

Así, la cancelación de la visita a México del relator Forst evidencia una inadmisible continuidad en la negación de los representantes de los tres poderes y los tres niveles de gobierno para reconocer y atender de manera efectiva la grave situación que atraviesan los derechos humanos, en general, y quienes los defienden activamente, en particular. Fijar una fecha para que el funcionario de Naciones Unidas recorra nuestro país y elabore su reporte constituye un primer paso urgente para la credibilidad del discurso que en la materia sostienen las autoridades federales.