Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción española junto con la Policía Nacional y los servicios de inteligencia estrechan el cerco de la supuesta trama en la que estaría vinculado el ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira.

Después de su detención, del registro de su domicilio y de una primera declaración, el empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano deberá dormir en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real por orden del juez José de la Mata, quien advirtió riesgo de fuga ante la gravedad de los delitos imputados: blanqueo de capitales y organización criminal. La información y los documentos incautados en la operación aún son secretos, así como la mayor parte del sumario en el que hay abundantes grabaciones realizadas al ex gobernador de Coahuila cuando residió en Barcelona, en 2013.

La más reciente y gran novedad de la investigación, empezada por los fiscales José Grinda y Juan José Rosa, fue la localización en Madrid de un supuesto eslabón de vital importancia para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, en concreto del cártel de Los Zetas, que ya tendría, según los primeros indicios, una red de sociedad empresarial desde la que supuestamente realizaba las operaciones financieras delictivas.

El empresario mexicano, también llamado El Mono Muñoz o El Inge, es conocido por su red de gasolineras en Coahuila –donde también ha sido multado en numerosas ocasiones por fraudes reiterados a los consumidores– y por su amistad con el ex gobernador y ex dirigente priísta. Ahora, la policía española, en colaboración con un juez radicado en San Antonio, Texas, y los agentes antidrogas de Estados Unidos, ha señalado supuesta vinculación de este ciudadano mexicano con cárteles del narcotráfico.

Durante su comparecencia ante el juez, Muñoz Luévano defendió su inocencia y negó víncu-los con el crimen organizado y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. También rechazó conocer ni tener relación con el cártel de Los Zetas. Pero el juez De la Mata ordenó su traslado a la prisión de Soto del Real, la misma en la que fue recluido durante una semana el político mexicano y que además es donde envían a los presos y a reos peligrosos de España, entre ellos la mayoría de los detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico internacional y de corrupción política.

El llamado caso Moreira ha tomado un nuevo impulso. Cuando parecía que la investigación estaba al borde de enviarse al archivo, los fiscales españoles detectaron la presencia del empresario mexicano en la capital española y decidieron actuar con base en el cúmulo de información que han ido recabando en torno al propio Moreira y a su presunta vinculación con el narcotráfico y, en concreto, con el cártel de Los Zetas.

Con base en esos datos y el testimonio del testigo protegido preso en San Antonio, Texas, Rolando González Treviño, Moreira habría incurrido en al menos cuatro delitos, de los cuales sólo dos son competencia de la judicatura española: blanqueo de capitales y asociación delictuosa. En los otros dos, malversación de fondos públicos y cohecho, sólo puede actuar la justicia mexicana, que en su día ha ido archivando una a una las numerosas denuncias contra el ex gobernador de Coahuila.

Investigación de años

Tanto Moreira como su supuesto socio El Mono Muñoz están siendo investigados desde hace varios años en Estados Unidos y España, por presuntamente formar parte de la red de blanqueo de dinero que ha tejido el crimen organizado en México.

Moreira estuvo preso una semana, del 15 de enero en que fue detenido al 22 de enero; después pasó una semana sin que pudiera abandonar el país, pero finalmente le fue devuelto el pasaporte el pasado 2 de febrero. La orden la dio el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, quien además le advirtió que la causa seguiría abierta a la espera de que los fiscales y la policía recabaran más pruebas sobre el caso. Eso habría precipitado el regreso de Moreira a México, menos de 24 horas después de haber recuperado su pasaporte y traicionado su propio compromiso de que se quedaría en España, específicamente en Barcelona, hasta que terminara los supuestos estudios de doctorado que tenía pendientes y también porque no tenía nada que temer.

Antes de recuperar su pasaporte, Moreira entregó al juez, a través de su abogado, el penalista Manuel Ollé, numerosa documentación de sus empresas y movimientos financieros, además de las cartas en las que la Procuraduría General de la República (PGR) lo eximía de haber perpetrado los delitos por los que le habían investigado en México.

De hecho, un reportaje publicado en el diario español El País advirtió que se ordenó desde la Presidencia de la República que se presionará lo más posible a la justicia y al gobierno españoles para que se cerrara el caso contra Moreira. Los responsables de ejecutar esa orden fueron, según el rotativo español, la PGR y la embajada de México en España, presidida por la diplomática priísta Roberta Lajous.

La orden era neutralizar la operación policial y judicial contra el ex presidente nacional del PRI, lo que habría causado un profundo malestar en la fiscalía, celosa de su independencia, por lo que comenzaron una nueva ronda de investigación centrada en gran parte en la indagatoria abierta en Estados Unidos, donde el testimonio de González Treviño sería fundamental, por su condición de supuesto prestanombres del propio Moreira, además de operador financiero del cártel de Los Zetas.