a regulación internacional para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD /FT) –y en especial la estadunidense– está afectando las relaciones comerciales de los bancos y produciendo algunos efectos indeseables en materia de inclusión financiera, de concentración en ciertos segmentos del mercado y, de manera más general, de eficiencia de las funciones de intermediación del sistema financiero en la economía.

La necesidad de cerrar los circuitos financieros al crimen organizado y el terrorismo propició la instauración de una serie de prácticas encaminadas a eliminar operaciones bancarias susceptibles de penalización por las autoridades regulatorias. Con mucha frecuencia, sin embargo, esto ha conducido a los bancos a eliminar de manera indiscriminada y no fundamentada a ciertos clientes o contrapartes con el fin de evitar toda posibilidad de riesgo.

En consecuencia, este fenómeno, denominado internacionalmente con el término de-risking, ha llevado a restringir o, directamente, a cancelar la prestación de servicios de corresponsalía entre bancos, propiciando el cierre de cuentas de numerosos operadores en una cifra cada vez más amplia de países, incluido México.

Los servicios más afectados en el mundo por la restricción de las relaciones de corresponsalía bancaria son, entre otros, los de compensación y liquidación (clearing and settlement), gestión de efectivo, transferencias internacionales y financiación de operaciones de comercio internacional. Esta situación afecta a las economías y los servicios financieros de los países de manera diferenciada. Investigaciones recientes del Banco Mundial muestran, por ejemplo, que el cierre de cuentas de operadores de transferencias internacionales entre 2010 y 2015 ha sido particularmente acentuado en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y México.

Para evitar el riesgo de sanciones por parte de reguladores estadunidenses, debido a la real o supuesta debilidad de los controles de PLD/FT, los grandes bancos extranjeros, así como aquellos con matriz en el exterior que operan en México, han cancelado la corresponsalía a un número extenso de bancos locales, cuyas operaciones son afectadas de varias maneras.

El impacto de lo anterior sobre bancos mexicanos es preocupante por una variedad de razones. No sólo produce para muchos de ellos un desacoplamiento de las redes bancarias internacionales con las que están o han estado interconectados, sino que genera un sesgo competitivo favorable para las instituciones financieras operando en México, con matriz en el extranjero y que son los predominantes en el mercado local. El temor a una regulación internacional que pueda implicar sanciones severas orilla a los bancos con operaciones globales a no ofrecer servicios de corresponsalía a los bancos no filiales, provocando exclusión financiera y prácticas de competencia discriminatorias –ya de suyo indeseables– que de manera flagrante entran en contradicción con algunos de los objetivos más importantes de la reforma financiera de 2014.

Lo anterior ocurre a pesar de que existen recomendaciones expresas tanto del Gafi (Grupo de Acción Financiera del G-20) como del FSB (Financial Stability Board del Banco Internacional de Pagos) de no cerrar cuentas de manera indiscriminada por los motivos expuestos.

La restricción de las relaciones de corresponsalía que experimen en diversos grados instituciones bancarias también se traslada a la economía por diversos canales. Las empresas, individuos e inversionistas enfrentan dificultades para el envío de documentos denominados en moneda extranjera al cobro, para la emisión y confirmación de cartas de crédito y para participar en los mercados cambiarios y de derivados. En algunas regiones del país, como las zonas fronterizas, para algunas actividades productivas, como los servicios de atención al turismo internacional, y para algunos segmentos sociales, como lo son las remesas, los efectos colaterales del de-risking conllevan a la desbancarización de operaciones legales y para otros representan un factor que restringe la eficiencia operativa de empresas productoras de bienes y servicios.

Los efectos directos e indirectos del de-risking en México se ajustan en términos generales al patrón de afectación que algunos estudios han detectado a escala internacional, siendo los agentes que operan transferencias monetarias y remesas los entes financieros que han recibido los mayores impactos, seguidos por los bancos medianos y pequeños y las pymes con operaciones de comercio internacional.

En algunos sectores estratégicos con gran peso en el desempeño productivo y comercial de la economía nacional, como el automotriz, un número significativo de empresas es obligado a recurrir a diversos mecanismos alternativos, que en la mayoría de los casos están lejos de ser los más apropiados en costos y eficiencia, para solucionar la falta de corresponsalías bancarias.

Los segmentos de la industria manufacturera que realizan exportaciones son, al mismo tiempo, los principales importadores del país (casi la mitad de sus insumos provienen del exterior), y por tanto, son agentes económicos cuyo modelo de operación incorpora de manera intrínseca las corresponsalías bancarias.

Adicionalmente, en amplias franjas territoriales del país el dólar es un medio corriente e inevitable de las trasacciones económicas: las ciudades de la frontera norte y las zonas turísticas del Pacífico (Vallarta, Baja California Sur) y del Caribe (Cancún y la Riviera Maya). Para los agentes económicos y sociales de estas y otras zonas del país, la transferencia transfronteriza de dólares generados en actividades lícitas es obstaculizada por la aplicación indiscriminada de las regulaciones PLD/FT, con los consecuentes perjuicios económicos y financieros que ello implica.

Toda vez que México cuenta en la materia con una de las legislaciones más avanzadas la respuesta a los retos que plantea el de-risking debe enfocarse en reforzar los procesos de control interno de las instituciones, a fin de que puedan ser sometidos al escrutinio de los reguladores, en general, tarea que ya está en la agenda de muchas instituciones financieras mexicanas y de los reguladores locales correspondientes.

*Presidente de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex AC)