n año ha transcurrido desde que el gobierno de Peña Nieto, mediante el abuso de su enorme poder, ordenó la clausura del noticiero de Carmen Aristegui, no sólo como un castigo para quien se había atrevido a denunciar la gigantesca compra de votos que terminó decidiendo los resultados de la elecciones presidenciales de 2012, sino como una advertencia de lo que ellos podían hacer a quienes investigan, denuncian o informan de los innumerables casos de corrupción y conflictos de intereses en los que han incurrido los más altos funcionarios gubernamentales; lejos de poder acallar la voz de la periodista, lo que han logrado es el mayor nivel de desprestigio y de rechazo popular que alguna vez haya tenido un gobierno, incluidos los de Carlos Salinas y de Díaz Ordaz, especialmente ante el terrible crimen cometido contra el pueblo de México por las desapariciones forzadas cometidas por elementos de seguridad como consecuencia de las políticas instrumentadas desde el poder supremo.

La investigación y el seguimiento de los sucesos y de las transmisiones del C4 de Guerrero, por parte de los corresponsales de Proceso y del noticiero de Aristegui durante la tarde y la noche en la que fueron desaparecidos los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como el seguimiento de nuestro diario ante ese caso y el de Tlatlaya, junto con los esfuerzos y luchas de las policías comunitarias, son ejemplos de ello.

Es triste recordar que durante varios sexenios, las esperanzas de cambio ante la llegada de un nuevo equipo de gobierno constituyeron un motivo de esperanza para un buen número de mexicanos, que tiempo después debieron admitir que nuevamente habían sido engañados con falsas promesas, como aquellas del supuesto gobierno del cambio que prometía sacar a las tepocatas de Los Pinos, dando lugar al pensamiento generalizado de que cada gobierno resulta peor que el anterior irremediablemente. La gran pregunta que hoy debemos hacernos, es ¿cuánto tiempo?, ¿cuántos sexenios más podremos aguantar siguiendo por el mismo camino de paciencia y espera o de simple indiferencia? Antes de contestarla pensemos en lo que el actual gobierno ha significado para nosotros y las expectativas que tendríamos de un nuevo gobierno que pudiese seguir al actual, bien sea que proviniese del PRI, o de la nueva alianza del PRD y el PAN.

El actual gobierno resultaría impensable, si los dos anteriores gobiernos de la República hubiesen actuado honestamente, sirviendo a los intereses de la nación. Pero, ¿quién no recuerda los desmanes de doña Martha y sus hijos, con su tristemente célebre Vamos México, así como los continuos traspiés, que llevaron a Vicente Fox a realizar un pacto con los gobiernos estatales en manos del PRI y aun con el PAN, aceptando la candidatura de Felipe Calderón e instrumentando el gran fraude que impuso a este personaje en la Presidencia, con un costo terrible para la nación, a cambio de impunidad para él y su familia?

Como resultado, los gobernadores estatales vieron en los recursos presupuestales que les asignó el Congreso de la Unión un botín personal que podían manejar a su antojo, sin darle cuenta a nadie sobre su destino, a partir de un nuevo pacto con Felipe Calderón, para que éste, con libertad, pudiese actuar a su antojo en beneficio de sus cuates. Las posibilidades de hacer grandes fortunas o de comprar el poder absoluto de la nación, estaba sobre la mesa; de ello se dieron cuenta los señores de Atlacomulco; los recursos disponibles podrían servir para ambos fines. Fue así, que una nueva conspiración contra México se fraguo desde el gobierno del estado de México. La estrategia y muchos de sus resultados son hoy conocidos gracias a Carmen Aristegui y a otros medios de comunicación que han expuesto esos hechos a la luz pública.

La realización de grandes obras de ingeniería con precios inflados les permitieron generar así, una gran bolsa de dinero, suficiente para comprar votos y autoridades. El gobierno de Felipe Calderón terminó en el descredito total, al igual que el de su antecesor, su guerra contra el crimen organizado, inútil y sangrienta, en tanto que, al mismo tiempo, se permitía la entrada masiva de armas provenientes de Estados Unidos destinadas al crimen organizado, lo que conformó un delito tipificado como traición a la patria, a la que el Presidente había jurado servir. El ofrecimiento de un pacto de impunidad para ese gobernante, a cambio de la legitimación del nuevo fraude que se cocinaba, explica todo lo que ha seguido después.

La fiesta realizada hace apenas algunos días en la residencia de uno de los capos de la mafia que ha venido gobernando a nuestro país durante las últimas décadas, más que un acto social, constituyó un show de las alianzas que hoy se siguen tejiendo contra los intereses de la nación. La manifestación de existencia de esa mafia, con su poder aplastante, hace difícil seguir callados en espera de nuevas atrocidades.

¿Pero qué podemos hacer para terminar todo esto? Varios esfuerzos son hoy realizados por la sociedad civil que hasta ahora no ha logrado consolidar un gran movimiento ciudadano con la fuerza, la magnitud y la capacidad de organización que hoy es necesaria para impedir que este grupo delictivo continúe en el poder. Entre ellos resalta el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), convocado por Andrés Manuel López Obrador, que ha estado ganando miles de adeptos en varias regiones del país, pero que puede no ser suficiente, si el país en su conjunto no impide la conformación de un nuevo pacto de impunidad para las elecciones de 2018.

La única solución posible es lograr que ese pacto no pueda instrumentarse, y ello sólo será posible realizando un juicio político al actual gobierno en la figura del presidente, y convocado por la sociedad civil, para evitar que sea visto como un simple recurso electoral organizado por partidos opositores. Un juicio inteligente y audaz que podamos hacer del conocimiento de todas las naciones. Tal juicio deberá ser instrumentado en el segundo semestre de 2017, con objeto de inutilizar su capacidad real de manipulación en las elecciones de 2018.

Instrumentar un juicio de esta naturaleza no es sencillo, necesitamos una experiencia real que debiéramos construir desde ahora, por lo que proponemos la realización de un experimento relevante, sometiendo a juicio desde ahora a Javier Duarte por los destrozos causados al estado y al pueblo de Veracruz, el cual pueda celebrarse antes del que actualmente están exigiendo varios partidos políticos ante el Congreso de la Unión. Por este motivo, nos permitimos convocar a los lectores de nuestro diario a participar en este juicio, invitando también a sus amistades a hacerlo y contestando las preguntas que se indican en la página de La Jornada en línea: consultas.jornada.com.mx