Sin explicación alguna y avasallando sus derechos como trabajadores, el presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA), Luis Ángel López Escutia, despidió a peritos topógrafos y al personal de audiencia campesina de las oficinas centrales y de los tribunales unitarios; en total fueron 175 plazas eliminadas de servicios básicos e indispensables para los campesinos, denunciaron afectados.

Señalaron que el despido del personal fue poco profesional y beligerante; los trabajadores retornaban de las vacaciones de fin de año cuando intempestivamente fueron cesados. A cambio de su renuncia se les ofreció liquidarlos conforme a la ley, pero la mayoría ha topado con atrasos en el pago o con argumentos insólitos, como el de te fuiste de licencia por un año y con eso perdiste tus derechos de antigüedad, como es el caso de la abogada María del Carmen Ramírez, a quien, tras 23 años de laborar en diversas áreas del tribunal unitario agrario en Jalisco, se le ofrecen 34 mil pesos.

Las personas despedidas –padres y madres de familia– tenían entre 15 y 20 años de servicio, lo que ha causado inquietud entre el personal de base. Luis Enrique Fuentes Rivas, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de los Tribunales Agrarios, aseguró que hasta la fecha no tiene notificación alguna de que también se vaya a recortar al personal de base o de otras áreas.

Hay incongruencias en estos despidos, pues por un lado se argumenta que se hace porque la Secretaría de Hacienda redujo en 149 millones de pesos el presupuesto del TSA, y por otro se corre la versión de que López Escutia está buscando un edificio que costará mil millones de pesos para concentrar a todo el personal del tribunal –actualmente está disperso en tres sedes–, y además pretende comprar a una empresa equipo de cómputo por 17 millones de pesos, esto dentro de un ordenamiento financiero, abundaron las fuentes consultadas.

Consideraron que ese dinero puede utilizarse para liquidar correctamente al personal que así lo determine, o bien mantener las plazas, pues los salarios que recibían no eran elevados ni se comparan con los de los magistrados del TSA. Agregaron que los despedidos están sujetos a presiones y engaños; les dan algún monto para tranquilizarlos, y los acuerdos que algunos lograron no se respetan.

Se buscó a López Escutia para que diera su versión de los hechos, pero la respuesta fue que estaba elaborando su informe, el cual presentará el próximo día 30.

Los topógrafos peritos son indispensables para la ejecución de las sentencias agrarias que favorecen a los campesinos, pero ahora ya no tendrán el apoyo de ese servicio que el TSA está obligado a proporcionar; ahora los deja en “manos de quienes sí tienen dinero para pagar un peritaje, reprochó José Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD).

Se está privatizando el servicio

El presidente del TSA ha dicho a algunas agrupaciones campesinas que contará con el apoyo del personal del Registro Agrario Nacional y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística para la ejecución de las sentencias, el problema es que no está capacitado. El TSA está privatizando un servicio que tiene obligación legal de prestar a los campesinos, abundó.

Agregó que otra irregularidad en el tribunal es que siguen dos vacantes de los magistrados numerarios, y para llevar a cabo el trabajo se recurre a los supernumerarios, quienes realizan brigadas intinerantes cada cuatro meses, como es el caso del tribunal unitario agrario (TUA) de Zihuatanejo, Guerrero, donde se atendían los casos de la Costa Grande y Costa Chica. Además, dijo, desde hace dos años los magistrados de 19 tribunales unitarios agrarios no están ratificados por el Senado, y sólo fungen como encargados.