Las crecientes dificultades en que desempeñan su trabajo los periodistas en México y la debilidad institucional para impedir la impunidad que persiste tras las agresiones contra los informadores constituyeron los argumentos de la propuesta de reforma a los artículos 68, 69, 70 y 71 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentada ayer por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Virgilio Caballero Pedraza, vicecoordinador de esa bancada en San Lázaro, adujo que la iniciativa tiene como objetivo garantizar, en beneficio de todos los comunicadores del país, dos garantías fundamentales para el derecho a la información: la cláusula de conciencia y el secreto profesional.

En México es alarmante la situación de vulnerabilidad que enfrentan cotidianamente los comunicadores, a pesar de los discursos gubernamentales y los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en torno a la protección del ejercicio de la libertad de expresión. Los ataques a los periodistas no solamente vulneran la vida y los derechos de este importante gremio. Cuando son agredidos se pretende silenciar y ocultar información, aseveró.

Refirió el caso de Carmen Aristegui, despedida por publicar información incómoda para la Presidencia de la República. Ello demuestra que los periodistas no cuentan con herramientas para defenderse debidamente de los embates del poder.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 37 agresiones contra defensores de esas garantías entre septiembre de 2009 y octubre de 2010. Los ataques incluyen amenazas, interferencias arbitrarias, hostigamiento y uso arbitrario del sistema de justicia. Lamentablemente, más de 90 por ciento de esos casos permanecen en la impunidad.

Según el informe anual 2013 de la organización Artículo19, en México se agrede a un periodista cada 26.5 horas. En ese año la agrupación, especializada en la defensa de informadores, documentó 330 agresiones de todo tipo. El año más violento para la prensa fue 2007. Cuatro casos fueron homicidios. En 2014 México figuró en el quinto lugar de la lista de países con más periodistas secuestrados, de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras.

Ayer, en otra sesión para el olvido en San Lázaro, la fracción del PAN presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que concluya la obra de ampliación de Paseo de la República a la desviación de San Miguel de Allende, tramo kilómetro 15 al 18, ubicada en la carretera 57 Querétaro-San Luis Potosí.

Los argumentos de los panistas redundaron en que el proyecto comenzó en 2010 con una primera etapa a cargo del entonces gobernador José Calzada, hoy titular de la Sagarpa. La segunda etapa del proyecto, que aún está pendiente, dio inicio en 2013; es decir, lleva tres años de retraso y todavía le falta uno.

“Hoy, el informe del resultado de la Auditoría Superior de la Federación concluye que en términos generales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, en cuyos aspectos observados destacan los siguientes: Se determinaron pagos improcedentes por 46.7 millones de pesos por obra pagada que no se ejecutó; 22.3 millones por diferencias entre los volúmenes cubiertos y los cuantificados conforme al proyecto; 3.1 millones por servicios que no se prestaron. En resumen, el desfalco suma 73 millones.