a aprobación o rechazo de un acuerdo para resolver en definitiva el conflicto con los llamados fondos buitres, prestamistas físicos o morales que rechazaron las renegociaciones de la deuda externa de Argentina y llevaron su caso a tribunales estadunidenses, tiene en vilo a ese país sudamericano.
Anoche, mientras el convenio urdido por el presidente derechista Mauricio Macri se debatía en el Congreso, afuera del recinto legislativo miles de ciudadanos se manifestaban por el rechazo al documento.
El régimen ha logrado operar hasta ahora con un justicialismo dividido entre el grupo kirchnerista, que ocupó el Poder Ejecutivo hasta diciembre del año pasado y se negó en todo momento a aceptar las condiciones especiales –y leoninas– reclamadas por los inversionistas extranjeros, y el peronismo neoliberal, remanente de las presidencias de Carlos Menem, así como gobernadores justicialistas ansiosos de endeudar las provincias que gobiernan.
En tales circunstancias parecía probable que el gobierno de Macri consiguiera los votos necesarios para aprobar ese acuerdo que significa, en los hechos, el rendeudamiento del país austral y la claudicación anticipada del Estado argentino ante exigencias financieras procedentes del exterior, es decir, una regresión a las lógicas económicas impuestas por Menem en la década antepasada (1989-1999), que llevaron a la quiebra del país y a la virtual liquidación de su soberanía, de su sector público y de los niveles de vida de las mayorías. Más incierta resulta la votación por el acuerdo con los fondos buitres en el Senado, donde Macri cuenta con menos aliados.
En forma inopinada, el asunto ha concitado energías sociales que parecían colapsadas tras la derrota del Frente para la Victoria en los comicios presidenciales del año pasado y después de varios meses de una ofensiva antipopular en todos los frentes por la derecha gobernante.
Parece que muchas organizaciones e individuos empiezan a tener claros los efectos devastadores del programa macrista: desempleo, pérdida de libertades y derechos, cesión de soberanía, supresión de programas sociales, devaluación y pérdida de las conquistas sociales logradas durante los periodos presidenciales de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.
El asunto de la claudicación ante los fondos buitres podría convertirse, en tales circunstancias, en una nítida línea divisoria de la vida política argentina: los partidarios de ella se evidenciarán como promotores de la entrega del país a los intereses foráneos, en tanto sus detractores serán vistos como representantes de los intereses de la nación. Tales percepciones no bastarán, desde luego, para frenar el convenio macrista, pero serán definitorias del espectro político y acentuarán la erosión acumulada ya por el gobierno en unos cuantos meses de gestión.
Salvadas las diferencias, la situación lleva a evocar, por su trascendencia, el escenario que se configuró en nuestro país en 1998 durante el proceso de aprobación del rescate bancario con dinero público y la turbia sustitución del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), maniobra en la que los mexicanos fueron obligados por los poderes públicos a endeudarse por un monto superior a 60 mil millones de dólares y que todavía gravita en forma negativa sobre las finanzas nacionales.
