El PRD activó el protocolo para fortalecer la cultura de la legalidad y la ética política, con lo cual la comisión de vigilancia del partido revisará los perfiles de los candidatos a cargos de elección popular, a fin de prevenir la infiltración de grupos delincuenciales.

De acuerdo con el resolutivo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional, el presidente y la secretaria general del partido buscarán a las instancias encargadas de la seguridad nacional para el establecimiento de acciones y estrategias encaminadas a ese fin.

Es conveniente que la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y los demás órganos de seguridad del Estado mexicano realicen las investigaciones sobre los candidatos de este instituto político a los diversos cargos de elección popular en todos los niveles, establece el documento.

Los perredistas expresaron su preocupación por la infiltración de grupos delincuenciales en los procesos electorales de los años recientes.

Ante ello, acordaron que todo funcionario de elección popular, estatal, distrital o municipal está obligado a actuar estrictamente apegado a la legalidad, al combate a la corrupción y a conducirse con transparencia y honestidad, aplicando la ley, así como tener un comportamiento personal fuera de toda sospecha.

Alcaldes y candidatos del partido han sido vinculados y/o acusados de tener nexos con el crimen organizado. El caso más reciente fue el de Éric Ulises Ramírez, presidente municipal de Cocula, aprehendido el 9 de febrero, por segunda ocasión, por fuerzas federales. Días después se le dictó auto de formal prisión.