Buenos Aires.

Miles de manifestantes rodeaban esta martes el Congreso de Argentina al grito de Patria sí, colonia no contra el acuerdo firmado por el gobierno derechista de Mauricio Macri y los fondos buitre, mientras un maratónico debate divide aguas entre el oficialismo, los sectores opositores que lo apoyan y el Frente para la Victoria (FpV) y los diputados de izquierda.

La sesión especial de la cámara comenzó a mediodía, la primera del año parlamentario, con la presencia de 147 diputados. Para reunir el quórum el oficialismo contó con los legisladores propios (Cambiemos), el opositor amigo Frente Renovador, el Bloque Justicialista (un grupo de diputados que se fue del FpV) y el Partido Socialista.

Los diputados del FpV ingresaron con banderas argentinas, simbolizando la defensa de la soberanía nacional y esperaron de pie, sin ocupar sus bancas hasta que el oficialismo logró quórum y luego se sentaron para participar en el duro debate.

El presidente del bloque del FPV, Héctor Recalde, al comenzar propuso una moción de orden para que se votara por una consulta popular y que el pueblo elija si quiere pagar a los buitre como propone el gobierno, en un acuerdo muy apresurado y del que se benefician ampliamente algunos de los fondos buitre, iniciativa que no logró la votación necesaria.

El oficialismo confía en que la ley sea sancionada este miércoles para que sea turnada al Senado.

El juez de Nuevas York, Thomas Griesa avaló la oferta del gobierno de Macri y exigió que se eliminen las trabas legislativas para el acuerdo. Pero en estos días un fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos puso en suspenso el último fallo de Griesa que establecía que las sanciones a Argentina se levantaban apenas el país cerrara el acuerdo.

La oposición exige una redacción más clara del artículo 5º del proyecto del gobierno, para dejar bien establecido que no se pagará hasta tanto la justicia estadunidense aclare la situación y establezca que Argentina no tendrá ninguna restricción una vez que se materialice el acuerdo.

La imposición de Griesa en el proyecto enviado por el gobierno es que para acordar con los fondos buitre deben ser derogadas dos leyes votadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: la ley cerrojo y la de ley de pago soberano.

La primera prohibía al Estado ofrecer un canje de bonos en cesación de pagos en mejores condiciones que los que restructuraron.

La ley de pago soberano permitía cambiar al Bank of New York Mellon como agente fiduciario del pago de los bonos de acreedores, operación trabada por el juez Griesa en 2014 ya que no hubo arreglo con los fondos NML, Aurelius y Olifant.

Los riesgos del acuerdo planteado por Macri

Además el acuerdo fuertemente criticado por los sectores más progresistas del país establece que el Estado va a emitir deuda para pagar el acuerdo con los fondos buitre y otros por 12 mil millones de dólares en efectivo, en una deuda considerada ilegal.

Esto, señalan los opositores, endeudará seriamente al país y además, como a los fondos se le paga cuatro veces más -intereses, salarios de abogados etcétera- que lo que se pagó en la restructuración de la deuda en 2005-2010, aquellos que aceptaron esta forma de pago (con una quita de 65 por ciento) ahora podrían comenzar juicios para cobrar en las mismas condiciones que los buitre.

La presión del gobierno de Macri fue definida por el propio presidente quien ayer advirtió, que si no se acepta el acuerdo, habrá más ajustes e hiperinflación.

Todo esto cuando ha comenzado una brutal subida de tarifas de gas, de luz e impuestos en el marco de la devaluación, con la decisión de Macri de quitar los impuestos a los exportadores de granos, a la minería y otros. Todo esto dio como resultado una mayor inflación que la que tenía el país en 2015. El impacto de este nuevo plan económico se siente más en los sectores más bajos en la pirámide social, reveló un estudio del Consejo Nacional de Estadísticas, Ciencia y Tecnología.

Indica el documento que el incremento de los alimentos, de los alquileres y el tarifazo a los servicios públicos significa un aumento promedio ponderado de 52.9 por ciento interanual.

Se advierte que para no perder poder adquisitivo las clases medias requerirán incrementos salariales en torno a 40 por ciento muy lejos del 25 por ciento calculado por el ministro de Hacienda Alfonso Pray Gay.

Los pobres perdieron 24 por ciento de su poder de compra en solo cinco mese. Más de un millón ingresaron en la pobreza absoluta. Los sindicalistas advierten que la situación se agrava día a día y que todo lo dispuesto por el gobierno hasta ahora favoreció a los sectores privilegiados del país y el desempleo supera los 120 mil cesados, otros suspendidos y han debido cerrar 20 por ciento de los comercios de comida. La reunión en el Congreso se prolongará hasta la madrugada de este miércoles.