Ninguna de las 16 delegaciones de la capital se ha salvado del embate de los desarrolladores inmobiliarios, y con sus obras han afectado no sólo esos territorios también a la población, en mayor o menor medida, algunas al margen de la ley, aseguró ayer Miguel Angel Cancino, titular de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de esta ciudad (PAOT).

Precisó que las demarcaciones centrales (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Alvaro Obregón y Venustiano Carranza) son las que más enfrentan esa presión.

En entrevista telefónica consideró que es esencial actuar de modo firme ante esa serie de anomalías inmobiliarias y con ello poner un alto al crecimiento urbano desordenado que generan esas empresas.

Preocupa a la gente la forma en que se realizan (esas obras o proyectos habitacionales); hay que hacer las cosas bien y lo que no, pues que se sancione; nosotros estamos en esa línea. Sabemos que hay muchos retos en términos de mejorar nuestro marco legal, pero lo que no se haga conforme a la norma debe ser sancionado; por ejemplo, hay edificios que ni siquiera tienen manifestación de construcción, es decir, ahí no hay intervención de autoridades, lo que falta es aplicar la ley, remarcó el procurador ambiental.

Remarcó: Así como están quitando los espectaculares por estar al margen de la ley, pues también si una obra tiene un piso de más hay que demolerlo.

–¿Hay alguna delegación en la que no se viva el caos inmobiliario?

–Ninguna, porque la ciudad avanza por todos lados... pero necesitamos claridad en qué hacer. La ciudad debe atender la demanda de vivienda, pero con orden.

Cancino rechazó que esta institución esté pasiva ante el problema inmobiliaro que se manifiesta en varios puntos de esta capital; al contrario, se está actuando en varios frentes y hay expedientes, con datos firmes, de varias construcciones anómalas en las cuales se procederá.

Aun así, dijo que también es necesario voltear hacia los jueces o magistrados de los órganos jurisdiccionales donde se echa para atrás todo el trabajo de frenar obras inmobiliarias irregulares, pues se les levanta la sanción o los sellos de clausura y siguen adelante.