En la larga lista de defensores civiles de derechos humanos que han sido criminalizados y han estado en prisión por delitos fabricados están, entre otros:

Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec; lideró movimientos de oposición al establecimiento de parques eólicos en el territorio de las comunidades indígenas de la región istmeña. Fue acusada de delitos contra el consumo y la riqueza natural y privación ilegal de la libertad, en el contexto de una manifestación pacífica ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el 13 de abril de 2011, a la que no asistió. Los cargos fueron presentados por la CFE. Aunque no había elementos probatorios, su proceso se extendió hasta febrero de 2015, cuando un tribunal de distrito la absolvió.

Mario Luna y Fernando Jiménez, voceros y defensores de los derechos humanos de la tribu yaqui han sido criminalizados por el gobierno de Sonora, por la lucha contra el Acueducto Independencia. En 2014 fueron detenidos de manera arbitraria y acusados por los delitos de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad, por los que permanecieron, respectivamente, un año y 11 días, y 11 meses y tres días en prisión; salieron en agosto y septiembre pasado, pero ellos y sus familias siguen siendo víctimas de hostigamiento.

Ildefonso Zamora, indígena tlahuica, está preso en el penal de Tenancingo, en el estado de México, desde noviembre pasado, acusado de robo agravado, en un proceso plagado de irregularidades y de violaciones a los derechos humanos. Defender los bosques de su comunidad, San Juan Atzingo, desde hace 18 años, le costó al activista la vida de su hijo Aldo Zamora a manos de los talamontes en 2007, y la detención arbitraria por militares en 2015 de su hijo Misael. El Centro Prodh y Greenpeace ya presentaron el caso a las Relatorías de los Pueblos Indígenas, del Medio Ambiente y de Personas Defensoras de Naciones Unidas, y se espera que en breve envíen alguna comunicación al Estado mexicano.

Eduardo Mosqueda Sánchez, asesor y defensor de los derechos humanos del grupo nahua del ejido de Ayotitlán, ubicado en los límires de Colima y Jalisco, está en prisión acusado por delitos de privación ilegal de la libertad, despojo y lesiones, desde julio pasado, cuando un grupo de indígenas nahuas se manifestaron en las instalaciones del consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada para exigir el pago del uso de su tierra desde hace más de 50 años. Allí, 34 indígenas fueron reprimidos y encarcelados durante varios días.