El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cumplió diez meses sin resolver la multa más cuantiosa en el sistema de partidos impuesta al Verde Ecologista de México (PVEM) por 322.4 millones de pesos, dándole un respiro económico que le permite gozar de un crédito. También desde hace siete meses siguen atoradas cuatro impugnaciones presentadas para que se le retire su registro a dicho partido político.

El magistrado de la sala superior Salvador Nava Gomar, ponente en el tema del registro, aduce que es un asunto complejo que involucra “muchas conductas que violan muchas normas.

No puedo empezar a proyectar el asunto si no están resueltas todas las inconformidades y todos los juicios que tienen que ver con los que se están quejando respecto de las conductas del partido para que sea meritorio o no de perder el registro, refiere a este diario.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena, dos de los partidos que exigieron cancelar el registro al PVEM e impulsaron la sanción millonaria, advierten que esta dilación beneficia al partido en varios aspectos financieros.

La tardanza le permite salvar al Verde el crédito por 100 millones de pesos, otorgado por el banco Multiva, evaluó Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque el año pasado al Verde le impusieron multas por 597 millones de pesos, sólo quedaron firmes 193.6 millones de pesos, entre rebajas, revocaciones y asuntos pendientes de resolver por parte de la sala superior, según datos de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y del TEPJF.

Y como dicho partido recibió el año pasado 323.2 millones de pesos en financiamiento ordinario, gozó de un colchón de 137 millones de pesos tras descontar las multas pagadas, apunta Duarte.

El año pasado los magistrados resolvieron la mayoría de las sanciones (fueron una treintena pero no todas se impugnaron) por un monto de $597.5 millones, que quedaron reducidas a 516 millones de pesos.

Algunas fueron resueltas rápido por el TEPJF, como la impuesta el 13 de julio por un monto de 64.3 millones de pesos por la contratación de recursos vía la empresa Rabokse, del hermano de su ex vocero, Arturo Escobar. Esta se revocó en mes y medio con la orden de que el INE investigara más.

Administrar la justicia

Pero hay un castigo que sigue en los escritorios de los magistrados. El 13 de mayo de 2015 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso el pago de 322.4 millones de pesos al Verde, tras determinar que recibió aportaciones en especie por la campaña mediática de sus legisladores disfrazada de informes de labores.

Sobre la tardanza en resolver esta multa, Duarte considera: es administrar la justicia en favor del Verde. Para los enemigos, rapidez; para el Verde, justicia lenta y a cuentagotas.

El perredista Pablo Gómez considera inexplicable la dilación.

Añade: En México se presiona mucho a los jueces y magistrados. La lucha política y los negocios en un país donde los tribunales son de consigna es horrible. Así es el Estado corrupto.

Otro tema en la lista de pendientes del tribunal es la petición de retirar el registro al Verde, respaldada por 140 mil firmas de ciudadanas, más las de Acción Nacional, PRD y Morena. Siete consejeros rechazaron esa posibilidad en la sesión del 13 de agosto.

Al magistrado Nava Gomar se le pregunta cuándo se resolverán estas impugnaciones, sobre todo cuando hay asuntos enlistados para su discusión y que se posponen como ocurrió con la entrega de dádivas como lentes y tarjetas Premia Platino.

Explica que en ambos asuntos había dudas sobre si se pueden imponer dos sanciones por la misma conducta.

–¿Resolverán este año?

–Supongo que este año. El mío sin duda.

–¿Tomarán en cuenta las miles de firmas que piden la cancelación del registro?

–No importa si lo firmó una o 10 mil personas o un millón. No es un elemento para decidir sobre la responsabilidad jurídica.

Justifica los meses de tardanza: Si ves los números de lo que hemos resuelto, el avance es muy grande. Hay asuntos que se tardan más que otros, pero es parte de la normalidad de la deliberación jurisdiccional.